La ministra de Educación niega que las familias deban informar sobre la vacunación de los alumnos
Pilar Alegría defiende la presencialidad de las clases para este curso académico porque "favorece la salud emocional"
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
Barcelona
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha negado que las familias estén obligadas a informar de si los alumnos están o no vacunados y ha asegurado que la vacunación "va bien". En una entrevista a La Vanguardia recogida este domingo por Europa Press, Alegría ha añadido que la vacunación "está avanzada" entre los mayores de 12 años, pero que por la variante Delta hay que adoptar medidas como desdobles de grupo o profesores de apoyo.
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Ha recordado que son las autonomías las que deciden cómo invertir los fondos del Gobierno para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, y ha pedido priorizar "servicios esenciales, entre ellos la educación".
Sobre la presencialidad en las clases, ha defendido que "favorece la salud emocional" en los colegios, y ha recordado que ya hay más de un 90% de docentes vacunados, por lo que concluye que los centros son lugares seguros para alumnos y profesionales. Ha lamentado que alcanzar un pacto para la educación "es complejo", pero se ha mostrado abierto a intentarlo para llegar, al menos, a acuerdos mínimos, en sus palabras, y ha dicho que no van a cerrarse centros de educación especial.
Ley de Formación Profesional
Poniendo el foco en una posible futura ley de Formación Profesional (FP), ha dicho que "garantizará" que todos los estudiantes tengan un periodo de formación en la empresa, prácticas que coparán entre el 25 y 35% del horario, y que incluirá FP intensiva, con prácticas de entre el 35 y 50%, retribuidas. Además, ha negado que los alumnos puedan pasar de curso "alegremente con todas las asignaturas suspendidas", sino que lo hacen con un determinado número y la obligatoriedad de aprobarlas al año siguiente, según ella.
La ministra ha considerado que garantizar que un 25% de la educación sea en castellano es un asunto "muy complejo" jurídicamente y, en cuanto a traspasar las becas al Govern, ha asegurado que la disposición del Gobierno es absoluta, en sus palabras.
