Las eléctricas deberán devolver 2.600 millones de euros de ingresos extra por la subida del gas natural
La medida estará en vigor hasta marzo, afectará a centrales nucleares, hidráulicas y renovables en mercado y se aplicará a reducir el recibo de la luz
La tarifa regulada de gas natural subirá un 5% en octubre, en lugar del 29% que resultaría con criterios de mercado
Ribera explica que las medidas adoptadas por el Gobierno producirán "una rebaja media del 22% en la factura de la luz". / CADENA SER
Madrid
El Gobierno espera inyectar 2.600 millones de euros en el sistema eléctrico por la devolución de una parte de los ingresos extraordinarios de las empresas vinculados a la subida del gas natural. El paquete de medidas aprobado este martes en el Consejo de Ministros incluye también rebajas fiscales y un aumento de la protección de los consumidores vulnerables. Según el ejecutivo supondrá una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% al mes hasta final de año y permitirá cumplir la promesa del presidente Pedro Sánchez de que la tarifa regulada en el conjunto del año será equivalente a la de 2018 más el IPC acumulado.
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La medida estrella, por su novedad y la cuantía económica en juego, es la minoración de los ingresos extraordinarios de las empresas eléctricas por la subida del gas natural. Afectará a centrales que no lo usan como combustible en su producción pero se benefician por la subida de los precios marginales en el mercado mayorista eléctrico por la escalada del gas.
El Gobierno toma base la cotización media del gas natural en el mercado ibérico del gas -Mibgas- de 20 euros/Mwh, y las empresas deberán devolver el 90% de los ingresos extraordinarios obtenidos por los precios que se están imputando en las ofertas marginales en el mercado mayorista eléctrico. Unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo tomando como referencia los precios actuales, calcula el Gobierno. Estarán sujetas a esa devolución parcial de ingresos las centrales nucleares, hidráulicas y renovables que acuden a mercado. El dinero obtenido servirá para sufragar cargos de la tarifa eléctrica, reduciendo la parte a financiar por los consumidores, tanto los de la tarifa regulada como los del mercado libre.
Esta "detracción", sostienen fuentes del gobierno, es compatible con la Constitución española y la normativa europea. Pero reconocen que puede haber recursos judiciales de las empresas en un sector "en el que estamos habituados a la litigiosidad", apuntan.
Medidas fiscales
El paquete de medidas incluye la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad del actual 5,11% al 0,5% -tope mínimo que establece la normativa europea-. La recaudación de este impuesto se transfiere a las comunidades autónomas, por lo que se analizará el impacto en sus cuentas para comprobar si es necesario compensarlas.
Se prorroga hasta final de año la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y seguirá en vigor la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%.
Subastas a plazo
Se establece también la obligación de las cuatro grandes eléctricas de subastar una parte de su producción entre pequeñas comercializadoras e industrias para reducir el peso del mercado mayorista eléctrico. La primera deberá celebrarse antes de final de año, e Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán ofertar en conjunto un 6.3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Consumidores vulnerables
Se amplía la protección a los consumidores vulnerables, a los que no se podrá cortar el suministro en caso de impago al menos durante seis meses, frente a los cuatro actuales. Les beneficiará además la nueva figura del suministro mínimo vital, que les garantizará una potencia eléctrica de 3,5 kw en sus hogares.
Subida limitada del gas
El plan de choque del gobierno incluye también una medida que beneficiará a los clientes de gas natural con la tarifa regulada, la TUR. Se revisa trimestralmente, la próxima vez será el 1 de octubre, y el gobierno limitará la subida a una media del 4,6% en lugar del 29% que, según sus cálculos, resultaría de aplicarse los criterios habituales. La revisión estará en vigor en los próximos seis meses.
En la práctica los consumidores estarán pagando el gas por debajo de su cotización de mercado si éste evoluciona como está previsto, por lo que se compensará en las siguientes revisiones, con una tarifa regulada que irá bajando más lentamente que lo que se espera de los precios del mercado mayorista. Se contempla además la posibilidad de compensar a las comercializadoras por los costes financieros en que puedan incurrir por esta medida.
