El "solo sí es sí" avanza en el Congreso ante el rechazo del PP y Vox
La derecha se queda sola frente a una mayoría parlamentaria que da luz verde al avance feminista
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / Alberto Ortega (EUROPA PRESS)
Madrid
El PP y Vox se han quedado solos en el pleno Congreso al defender sendas enmiendas a la totalidad a la conocida como ley del "solo sí es sí", una norma que inicia ahora su andadura parlamentaria defendida por la mayoría de la Cámara como un avance feminista en defensa de las víctimas. A pesar del apoyo mayoritario a la tramitación de un proyecto en el que han trabajado largos meses los ministerios de Igualdad y de Justicia, muchos portavoces han avanzado que lo enmendarán en profundidad y el PSOE ha avisado que lo hará para caminar hacia la abolición de la prostitución, aunque no haya acuerdo sobre el tema.
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Este jueves en la Cámara baja, la enmienda del PP ha sido rechazada con 244 votos en contra, 91 a favor y 12 abstenciones, mientras que la de Vox ha contado con 205 noes, 55 síes y 88 abstenciones.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subido a la tribuna a defender el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que, ha asegurado, busca romper el silencio de las víctimas: "Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí", lema que ha compartido posteriormente en sus redes sociales.
Debate en el Congreso
La portavoz del PP en el debate, Marta González, ha defendido la enmienda de su grupo, con texto alternativo, en línea con el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial al proyecto. El PP discrepa de la definición del consentimiento expreso y rechaza que desaparezca la distinción entre el abuso y la agresión porque, a su juicio, en la práctica supone una rebaja de los penas a los delitos más violentos.
Por su parte, la diputada de Vox, Carla Toscano, que vestía una camiseta con el lema #NotMeToo, ha defendido la devolución del texto al Gobierno al considerar que es "inútil", "demoniza y criminaliza a los hombres" y ataca de manera "contumaz" el principio de igualdad.
En nombre del PSOE, Adriana Lastra ha dicho un "no" rotundo a ambas enmiendas. "En un país donde se denuncia una violación cada cinco horas, ridiculizar el consentimiento expreso debería darles vergüenza", ha espetado a la derecha.
Como Montero, Lastra ha asegurado que la nueva ley "es el grito unánime de todo un país" y ha recordado a muchas víctimas agredidas y luego revictimizadas en el juzgado, como la de La Manada. Lastra ha advertido también a la ministra de Igualdad que la enmendarán para que las medidas de lucha contra la explotación sexual vayan más allá y se oriente a la abolición de la prostitución.
Sobre este asunto, en su discurso inicial Montero ya se había abierto a cambios, aunque avisando de que acabar con la lucha contra la explotación sexual exigirá reformar la ley de extranjería, ya que se estima que el 70 % de las víctimas están en situación irregular y necesitan papeles para salir.
Contra el discurso de Vox
En el debate, que ha durado cerca de dos horas, la mayoría de los portavoces ha cargado con dureza contra el texto y el discurso negacionista de Vox. "Yo sé de una que ha sido violada y no ha ido a denunciarlo. Si quieren se la presento", les ha espetado la diputada de ERC Pilar Vallugera.
Junto a la ley, la diputado de Unidas Podemos Sofía Castañón ha reclamado también un pacto social, cultural y judicial para que las violencias no formen parte de la cotidianidad.
Las portavoces de Ciudadanos y del PdCat han preferido abstenerse ante la enmienda del PP al no compartir en su totalidad el proyecto del Gobierno.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / Alberto Ortega
Claves de la ley
La norma reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y para borrar la distinción entre abuso y agresión sexual.
Reconoce además nuevos derechos a las víctimas y avanza en la lucha contra la explotación sexual al castigar a quien ejerza proxenetismo "no coactivo" o se beneficie del alquiler de pisos o prostíbulos.
