El Congreso aplaza la decisión sobre Alberto Rodríguez a la espera de una aclaración del Supremo
En la reunión extraordinaria que había convocado la Mesa del Congreso para analizar este asunto se había decidido que fuera la presidenta, Meritxell Batet, la que tuviera la última palabra sobre el diputado de Unidas Podemos
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El ex secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano. / Eduardo Parra EUROPA PRESS
Madrid
La Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado la decisión de aplazar su veredicto sobre retirar o no el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que está condenado por un delito de atentado a un policía durante una protesta. Ha optado finalmente, por mayoría, pedir al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de la sentencia en la condición de diputado de Rodríguez antes de decir su última palabra, el cual había pedido expresamente a la presidenta Meritxell Batet un informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta a Rodríguez para la liquidación de su condena.
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En un comunicado a la prensa, la Mesa del Congreso, que se ha reunido desde las 14:00 horas, ha señalado que por una mayoría de 5 a 3 se ha acordado pedir esta aclaración al Alto Tribunal sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena. PSOE y Unidas Podemos querían consultar al Supremo y PP y Vox la inhabilitación.
De hecho, fue la propia Mesa en una reunión extraordinaria para analizar el asunto la que, tras dos horas y media de debate, finalmente tomó la decisión de que fuera la presidenta Meritxell Batet la encargada de dar un veredicto final a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, y lo hará una vez llegue la aclaración.
La presidenta del Congreso tiene la última palabra
Fuentes de la Mesa aseguraron a la Cadena SER que era en la presidenta del Congreso en quien recaía lo que se hiciera finalmente con Rodríguez porque, entre otras razones, entraba dentro de sus competencias.
Podía optar por dos caminos. Por un lado, consultar al Tribunal Supremo sobre cómo debía ejecutarse la sentencia y que este Tribunal dijera si debía dejar de ser diputado. O bien decidir ella sobre cómo ejecutar la sentencia y dejar caer sobre sus hombros las implicaciones de la misma. Y la postura ha sido finalmente la primera, dejarlo en manos del Supremo y que sea este el que aclare primero lo que hacer.
A Alberto Rodríguez se le impuso una pena de un mes y 15 días de prisión conmutable por una multa de 540 euros por atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
