El Gobierno ha pedido a Bruselas permiso para tomar medidas por su cuenta que permitan contener la subida del precio de la luz. Es la petición con la que acude España a la reunión de ministros europeos de Energía que se celebra este martes en Luxemburgo. La Comisaría de Energía ha avisado de que las medidas que se tomen darán resultado a largo plazo, por lo que España quiere permiso para poder salir del sistema de precios en circunstancias excepcionales. Lo que España plantea en un documento en el que fija su posición a la Comisión Europea (CE) es la posibilidad de desacoplar los precios del mercado de la electricidad y fijar un precio límite del gas natural en situaciones «excepcionales». «En situaciones excepcionales, se debe permitir a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas», señala el texto, en referencia al mix energético de cada país, sus recursos y el nivel de interconexiones. En primer lugar, España destaca que el precio marginal afecta las señales futuras de la electricidad y tiene un alto impacto en la inflación reduciendo la efectividad del mecanismo de cobertura. Así, «en circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal del precio marginal puro (contaminado por los picos en los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio promedio con referencia al costo de las tecnologías limpias »inframarginales« (particularmente las renovables)», subraya España. El precio de la electricidad estaría «directamente vinculado a las mezclas de producción nacionales», de acuerdo a la propuesta, mientras que al mismo tiempo protegería a los consumidores de volatilidades excesivas y le permitiría participar de los beneficios que brinda una generación más barata mezcla. En segundo lugar, España pide explorar el establecimiento de un precio límite para las ofertas de electricidad producida por gas natural, una medida que a su juicio “requiere una compensación posterior que se recuperará en una fecha posterior”. Por otra parte, España insiste en su propuesta sobre la posibilidad de una plataforma europea centralizada para comprar gas natural, facilitando la acumulación de reservas estratégicas de gas. Aboga por «contratos de opciones» para tiempos de crisis que se asignarían a «productores de gas de terceros países mediante subastas competitivas a nivel de la UE». Igualmente, propone medidas para prevenir la especulación financiera en los mercados de emisiones (ETS). España ha circulado este documento entre los estados miembros después de que el lunes Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos señalaran en una carta conjunta que no apoyarán ninguna medida que pueda interferir en los mercados del gas y la electricidad, como reclama España, y descartaron «una reforma del mercado mayorista». Esos países del centro y del norte de Europa respaldaron plenamente la lectura de la crisis energética que hace la Comisión Europea y las medidas propuestas por Bruselas y piden «precaución» antes de «interferir» en los mercados. En cambio, España señala en su documento que “cada euro de más por MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes de electricidad adicionales para todos los consumidores europeos, desviando recursos de la transición energética y recuperación económica, y cada día empeora. Según el Gobierno español, esta “distorsión de precios no puede trasladarse a los consumidores, especialmente en tiempos de recuperación económica. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha indicado este martes que las medidas que adopten los países para frenar en la factura de la luz el impacto del alza de los precios mayoristas deben ser «temporales» y «respetar el mercado único» europeo. Gentiloni, que ha participado en los Desayunos Informativos de Europa Press, ha dicho que a pesar de la «fuerte recuperación» en Europa y en España, la «incertidumbre» es muy alta, con «riesgos a la baja» que se han incrementado y, entre ellos, citó la subida de los precios de la energía, que es una «fuente de preocupación» en muchos países y en España en particular. En este sentido, recordó que España está tomando medidas, y afirmó que estas medidas y el resto de las que acuerden los países europeos deben ser «temporales y específicas» y respetar el «mercado único». El comisario europeo atribuyó el alza de los precios energéticos al aumento de la demanda global como consecuencia de la recuperación económica mundial, lo que calificó como «efecto colateral» de una recuperación «bastante fuerte», pero señaló que está afectando sobre todo a los hogares más vulnerables y a las industrias más intensivas. En este contexto, recordó que los líderes europeos se reunieron hace unos días en Bruselas y pidieron a la Comisión investigar qué ocurre con el funcionamiento de los mercados mayoristas de la electricidad y el gas, donde se están apreciando subidas de precios que las autoridades financieras deben «examinar seriamente». Así, afirmó que el «green deal» europeo no está agravando esta situación, sino que es «parte de la solución». «Sabemos que a pesar de que el efecto de la transición (ecológica) durará décadas, esta no es una razón para desandar la senda de la transición verde, justo lo contrario. Es una larga carrera y no se debe socavar este objetivo estratégico», subrayó. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, enfrió también la propuesta de España de poder retocar el sistema marginalista de precios de la electricidad a nivel nacional: «No está muy claro cómo un sistema con diferentes fuentes de precios funcionaría en la práctica ni si sería mejor que el diseño del sistema actual. Cambiar el mercado es un riesgo en términos de predictibilidad de mercado, competitividad y transición a la energía limpia», dijo Simson en rueda de prensa. La comisaria señaló que el Ejecutivo europeo analizará la propuesta española y contestará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El poco entusiasmo de la Comisión se suma al rechazo frontal de media docena de países del centro y el norte de Europa que, liderados por Alemania, rechaza cualquier intervención en los mercados energéticos. España no ha recabado aún ningún apoyo a su propuesta mientras que el grupo de países que rechazan tocar los mercados empezó siendo un bloque de nueve estados (Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos) que suscribieron una declaración el lunes a la que en las últimas horas se han sumado Suecia, Bélgica y República Checa. Fuentes de la Comisión dibujaron otros caminos para abaratar la factura en España, como fomentar contratos a largo plazo con precios estables y, a medio plazo, mejorar las interconexiones eléctricas pues están a un nivel del 6% respecto al objetivo del 15 % que deberían alcanzar los estados para 2030.