Jueves, 09 de Diciembre de 2021

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Enrique Arnaldo

El candidato del PP al TC, Enrique Arnaldo, infringió la ley al compaginar trabajo en dos universidades

Arnaldo ha simultaneado hasta la actualidad la docencia en la universidad pública Rey Juan Carlos y la privada Cardenal Cisneros, incompatible según la Ley de Universidades de 2007 y susceptible de suspensión de empleo y sueldo público por incurrir en infracción administrativa muy grave

El candidato Enrique Arnaldo Alcubilla comparece ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados

El candidato Enrique Arnaldo Alcubilla comparece ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados / Chema Moya (EFE)

El candidato del Partido Popular al Tribunal Constitucional, el jurista Enrique Arnaldo, ha compatibilizado desde hace años y hasta la actualidad la docencia en una universidad pública, la Rey Juan Carlos, y una privada, el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Cisneros dependiente de la Comunidad de Madrid, y la Ley de Universidades de 2007 le impide desde 2011 simultanear ambas situaciones, lo que puede acarrear la suspensión de empleo y sueldo público para un periodo de entre 3 y 6 años por infracción administrativa muy grave, según ha avanzado el diario El Confidencial.

Enrique Arnaldo expone, en su currículum presentado al Congreso de los Diputados al que ha accedido la SER, que compagina la plaza de "profesor titular y catedrático de Derecho Constitucional" en la pública Universidad Rey Juan Carlos, con la "docencia y dirección del Área de Garantías de los derechos fundamentales en el máster de acceso a la abogacía" del privado colegio universitario Cardenal Cisneros.

El diario digital añade que Arnaldo, quien ha asegurado no tener conciencia de haber incumplido la ley, también tiene firmado desde 2017 un contrato anual de asesoramiento con este centro privado dependiente de la Comunidad de Madrid, por el que se embolsa 18.600 euros anuales.

El candidato del PP al Constitucional compaginó además estos empleos de docencia y asesoramiento con su bufete privado, Estudios Jurídicos y Procesales, con el que ha estado firmando contratos públicos hasta 2019 con administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular.

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