Un informe de la Intervención del Estado confirma al juzgado el amaño del contrato a un donante en 'B' del PP
Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes
Sede de la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acaba de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido por el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral, que añade nuevos indicios a la pieza que investiga sobre las donaciones de empresarios en negro a la caja b del Partido Popular, a cambio de adjudicaciones públicas.
El informe constata que en 2003, siendo ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, fue adjudicado un contrato por 1.492.152,40 euros a la sociedad Constructora Hispánica, presidida por el empresario que ha confesado el pago de mordidas al partido a cambio de contratas, Alfonso García Pozuelo.
Constructora Hispánica obtuvo más puntos de los permitidos
La concesión para la recuperación y restauración ambiental de las marismas del Joyel en la reserva natural de las marismas de Santoña y Noja, fue otorgada a pesar del informe contrario del interventor, que advirtió de la manipulación de la puntuación del concurso a favor de la firma de Pozuelo. En uno de los parámetros que fue clave para la adjudicación, la Mesa de Contratación concedió 6 puntos a Constructora Hispánica cuando “el máximo permitido eran 5 puntos”, subrayó el interventor en el informe al que ha accedido la SER.
A la vista del “error” grosero, la Mesa cambió los parámetros y concedió en una segunda vista más puntuación a Constructora Hispánica. En un principio había valorado su maquinaria como “suficiente” para llevar a cabo la obra, y modificó su propuesta a “maquinaria completa y muy adecuada” para su ejecución, consiguiendo un punto más definitivo.
El interventor volvió a advertir de que si era modificada y mejorada la oferta de esta empresa por este factor sin que hubiera presentado nueva documentación al respecto, también debían ser mejoradas las otras 10 que optaban al concurso, pero su recomendación fue desestimada y el funcionario concluyó su informe defendiendo que el contrato debió adjudicarse “a la empresa Cuevas Gestión de Obras”.
Modificado manipulado para eludir la ley
No fue la única irregularidad detectada por el interventor. Una vez adjudicado el contrato se produjo un modificado al alza de 148.996,37 euros, autorizado por la ministra Elvira Rodríguez el 19 de diciembre de 2003, de nuevo con la advertencia del interventor de que había sido manipulado para impedir que quedara constancia de que superaba el 10% del proyecto, lo que habría obligado por ley a que interviniese la Inspección de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente.
La IGAE corrobora, en efecto, que se produjeron “excesos de medición” y “muy notables desviaciones” en el presupuesto, que “pudieron y debieron incluirse” en la modificación del proyecto, “superando así el 10% del contrato primitivo, lo que hubiera requerido el informe de la Inspección de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente”.
Este informe de la IGAE ahora en poder del juzgado es el más claro de los presentados hasta la fecha. Se suma a la decena de los que ya obran en poder del juez y que también apuntan sospechas sobre la adjudicación de contratos por valor de 600 millones en época de José María Aznar como presidente del Gobierno.
