El 'caso Rato', en tierra de nadie
El 'caso Rato' ha ido pasando como una pelota de juzgado en juzgado, sin que ninguno de los dos magistrados haya dado muestras de quererlo asumir
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a la salida de su despacho / Javier Lizón (EFE)
Madrid
El caso Rato, que investiga presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las empresas del exministro, ha ido pasando como una pelota de juzgado en juzgado sin que ninguno de los dos magistrados haya dado muestras de quererlo asumir. La solución podría estar en que el Tribunal Supremo decida qué juez debe llevarlo.
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El primero, el juez Antonio Serrano Artal, lo envió desde Plaza de Castilla a la Audiencia Nacional porque se lo pidió la Fiscalía Anticorrupción. Este juzgado, tiene físicamente la investigación en sus manos y de hecho ha embargado hace unos días la pensión que el Fondo Monetario Internacional asigno a Rodrigo Rato como ex presidente (unos 60 mil euros anuales).
Este juez tiene dos piezas abiertas en la misma causa. La primera está secreta, y en ella se investigan la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales. En la otra pieza, el juez tramita los delitos fiscales presuntamente cometidos por el exministro a través de sus empresas.
El juez Artal tiene otra vez la iniciativa en sus manos. Si persiste en la idea alentada desde la Fiscalía Anticorrupción de que el caso debe ser investigarlo en un tribunal con más capacidad, como la Audiencia, podría pedirle a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que resuelva, como organismo superior, cuál de los dos jueces debe asumir las pesquisas. Un trámite que se conoce “conflicto negativo de competencia ante el Supremo”.
El otro magistrado, Fernando Andreu, ha dicho desde la Audiencia Nacional que no ha observado que el supuesto delito de blanqueo de capitales se haya producido en el extranjero, lo que determinaría inmediatamente la competencia de su juzgado. Más bien al contrario, el magistrado apunta a un delito cometido principalmente en España. En concreto, en Madrid, donde tienen la sede las empresas investigadas.
Bankia y las black
La Audiencia Nacional tiene abiertas dos causas dentro del caso Bankia, en las que está imputado Rodrigo Rato y por las que ha depositado finanzas para satisfacer la responsabilidad civil en caso de ser condenado.
La primera, por la salida a bolsa de la entidad, en la que ha depositado 5,6 millones de euros, la parte proporcional que le corresponde junto a otros seis imputados.
Y la segunda causa por la utilización de las tarjetas opacas a Hacienda, conocidas como las tarjetas black, por la que ha depositado una fianza de tres millones de euros pendientes de revisión.
La fiscalía piensa en la Audiencia Nacional como el juzgado más idóneo para investigar porque, de lo contrario, según la fiscal Elena Lorente, "las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países y se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos".
Nuevos datos
La Fiscalía Anticorrupción destacó, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 21 de julio, que la sociedad patrimonial de Rato, denominada Kradonara, recibió 6,5 millones de euros en los años 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 "cuyo origen se desconoce" y sin que conste que sus empresas "hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias".
El recurso de Anticorrupción destacaba que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque "todo o parte de los actos de blanqueo" investigados "se han producido en el extranjero", en referencia a la inversión que sus empresas realizaron en la construcción de un hotel el Berlín.
Otras operaciones
Además, Rato es investigado en esta causa por los pagos de 474.416,64 y 360.608 euros que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla del intermediario Alberto Portuondo) realizó a Kradonara en los años 2011 y 2012.
Estos pagos, según la investigación, se justificaron aparentemente como "prestaciones de servicios" efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por dos proveedores de Bankia, Publicis y Zenith Media, que facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los años 2011 y 2012 por una campaña publicitaria sobre los valores de Bankia y otra por la salida a Bolsa.
Como resultado de esos servicios, Publicis y Zenith Media realizaron pagos a Albisa por importe de 1,2 millones en 2011 y 778.023,80 en 2012. Esta sociedad transfirió a Krandonara en 2012 un total de 360.698 euros. En la instrucción también constan dos pagos de Krandonara a la sociedad Bagerpleta Gmbh, constructora del hotel de Berlín y participada por Rato en un 44 %, por valor de 420.000 y 75.000 euros.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
