Los frentes abiertos contra el desafío catalán
La maquinaria judicial ha desplegado todos sus efectivos para impedir la celebración del referéndum y anular toda la arquitectura jurídica y administrativa necesaria para sustentarlo
El conseller de Interior, Joaquim Forn, responde esta tarde a una pregunta en la sesión de control que se celebra en el Parlament de Cataluña / MARTA PÉREZ (EFE)
Madrid
La impresión de los censos y de las actas de escrutinio, además de las papeletas, son solo una parte del gran aparato logístico que requeriría la celebración del referéndum ilegal, que ha sido prohibido por el Constitucional, contando únicamente la parte material. En este sentido, sigue siendo una incógnita, por ejemplo, cómo la Generalitat logrará hacerse con las alrededor de 6.000 urnas que estima que serán necesarias. El presidente de la Generalitat ha declarado que ya las han comprado aunque se niega a detallar dónde las guardan.
La fiscalías provinciales de Cataluña dieron instrucciones a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes para que actúen como policía judicial y “procedan a investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo”. La Fiscalía también ha dado la misma orden a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos. Así está cada uno de los frentes.
Papeletas
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La Guardia Civil realizó este miércoles un gran operativo para inhabilitar todo el sistema, tanto de papel como informático, del proceso programado por la Generalitat para el 1-O. Los agentes efectuaron un total de 41 registros en cuatro consejerías del Govern (la de Economía y Hacienda, en manos de Oriol Junqueras; la de Asuntos Exteriores, situada en el Palau de la Generalitat y residencia oficial del presidente Puigdemont; la de Asuntos Sociales yla de Gobernación, dirigida por Raül Romeva), y varias empresas relacionadas con la organización del 1-O.
Buscaban documentos, en concreto contratos, para demostrar que puede haber delito de malversación de fondos. La Guardia Civil también ha entrado en la Agencia Tributaria Catalana, donde ha precintado el despacho de su director, y hay registros además en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.
Se han realizado además registros en empresas vinculadas con la organización del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. En uno de estos registros, en una nave de Bigues i Riells (Barcelona), el secretario judicial ha localizado 9.894.350 papeletas con 'sí' y 'no' y otro material para el referéndum ilegal, según fuentes policiales.
Urnas
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Las actuaciones judiciales y policiales todavía no se han dirigido a la creación de las urnas en las que los organizadores pretenden que los ciudadanos depositen sus papeletas el 1-0, pero forman parte de esos “efectos del delito” a los que se refiere la Fiscalía General en su orden. El Gobierno admite que el 1-O puede haber urnas y "butifarradas" pero no un referéndum legal.
La semana pasada, la Fiscalía catalana ordenó directamente al Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que sus agentes “requisen urnas” y desde el Ministerio del Interior se está investigando en A Coruña si las urnas podrían salir de empresas ubicadas en Galicia que tienen la capacidad de elaborar urnas
Frente a ello, Puigdemont planea un referéndum sin urnas transparentes ni cabinas. El decreto de normas complementarias para la celebración del referéndum, aprobado por la Generalitat el pasado día 7, señala que “cada mesa electoral dispondrá de una urna de material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos”. Lo que no dice, al contrario que el real decreto 605/1999, en el que se han basado hasta ahora todos los procesos electorales en Cataluña, es que las urnas deberán ser de “material transparente”, lo que supone una garantía contra el fraude.
Locales y municipales
Los espacios habilitados para ejercer el voto son otro de los puntos clave para la cita marcada en el calendario por el bloque soberanista del Parlament. La idea es que el referéndum se celebre en todos los municipios catalanes y que sean las propias autoridades municipales las que cedan sus espacios para colocar las urnas y las papeletas.
La ley del Referéndum fija que los ayuntamientos deben “poner a disposición” de la administración electoral de la Generalitat “los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación”. De no ser así, la Generalitat deberá habilitar “locales alternativos”.
La Fiscalía General del Estado por su parte, envió una orden a todas las fiscalías provinciales de Cataluña para que abran diligencias de investigación sobre los Ayuntamientos que han mostrado su apoyo. La orden afecta a 712 alcaldes y presidentes de otras entidades, como consejos comarcales o mancomunidades
Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el Ministerio Público “en calidad de investigado y asistido de letrado”. En caso de que los regidores citados se nieguen a comparecer, el fiscal general ha dado orden a los fiscales provinciales de que acuerden su detención, “oficiando a los Mossos d’Esquadra como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”. La CUP ya ha anunciado que sus regidores no se entregarán voluntariamente.
La carta enviada el pasado miércoles 13 de septiembre a los secretarios e interventores municipales, recordaba que los Decretos de la Generalitat han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional y que, por tanto, ningún funcionario está obligado a realizar trámite alguno que ayude a la celebración del referéndum.
Tras los registros de este miércoles, el Ministerio del Interior confirmó que además de esas cerca de diez millones de papeletas de votación se han incautado carteles con la leyenda "local electoral"; actas de lista numerada de votantes con la inscripción "referéndum de autodeterminación de Catalunya 2017"; actas de sesión de escrutinio y actas de constitución de mesa, entre otros formularios.
Por su parte, el fiscal general del Estado ha ordenado a las fiscalías de Cataluña que se investiguen las campañas de odio, las amenazas y las coacciones dirigidas a los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum ilegal de autodeterminación. El fiscal quiere que estas pesquisas se promuevan "con eficacia y celeridad" para actuar penalmente contra los autores de esas conductas. Jose Manuel Maza advierte a los fiscales que procedan ante cualquier 'notitia criminis", ya sea por denuncia de los ofendidos, o por cualquier otra vía entre las que cita, por ejemplo, las noticias sobre estas conductas que aparecen en los medios de comunicación.
Censo
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El censo se ha convertido en una de las cuestiones más polémicas del referéndum, ya que es clave para una votación y la Generalitat no ha aclarado cómo piensa sortear este obstáculo. Tan solo se apunta que el censo será el que se cerró a 30 de marzo de 2017, y que el mismo es competencia de la administración electoral del Govern bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Cataluña, órgano cuya creación y composición se aprobó también el pasado miércoles.
Este martes, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo durante el registro de la oficina de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa (Barcelona). Fuentes de la investigación informaron de que éste era el hallazgo más importante en los registros llevados a cabo en distintas sedes de la empresa de mensajería en las últimas horas, ya que lo encontrado no era solamente propaganda.
Junta electoral
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El Tribunal Constitucional ha aplicado por primera vez la reforma de Ley Orgánica del año 2015 que le permite multar y suspender en sus funciones a cargos públicos por incumplir sus resoluciones
Los síndicos de Cataluña presentaron a última hora de la tarde del martes 19 de septiembre la recusación a todos los magistrados del Tribunal Constitucional justo antes de que los jueces se reunieran para imponerles sanciones económicas por su desobediencia pertinaz a la suspensión del referéndum 1-O.
La recusación no paraliza el trabajo de los magistrados pero si ralentiza los trabajos de deliberación previstos para este miércoles, en los que el tribunal iba a estudiar la propuesta de imponer una multa de 15.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral y 7.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura territorial.
Webs
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El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha remitido a las operadoras de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum ilegal del 1-O en el plazo de 24 horas.
En concreto, solicita de forma muy urgente que impidan el acceso a los dominios ref1oct.cat, ref1oct.eu, referendum.es, referendum.cat, referendumoctubre1.com, referendum.ws, referendumoctubre1.cat, referendumoct1.cat, 1octreferendum.cat y garanties.cat, según figura en la orden judicial.
Son varias las operadoras de telefonía que ya han cumplido la orden del juez. Entre ellas, las dos principales empresas del sector de las telecomunicaciones en el país, Movistar y Vodafone. Han sido los propios usuarios desde las redes sociales los que han advertido del bloqueo de las páginas de información sobre el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Actos electorales
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Los jueces del país están considerando cualquier evento relacionado con el 1-0 como un acto que contribuye a la celebración de la cita e instan su prohibición ante la previsión de que desobedezcan al Constitucional.
Un juez de Madrid suspendió un acto programado para este fin de semana en el Matadero tras un recurso del PP madrileño, mientras que el Ayuntamiento de Gijón también prohibió un acto en el que iba a participar el parlamentario de ERC, Joan Tardà.
El jueves 14 de septiembre los partidos independentistas PDeCAT, ERC, CUP y las principales entidades soberanistas dieron el pistoletazo de salida a los actos por el sí a 17 días del referéndum suspendido en un multitudinario acto en Tarragona sobre el que el Gobierno ya ha puesto la lupa. Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "cada ilegalidad tendrá la debida respuesta, eso seguro". La Delegación del Gobierno consideró ilegal el acto aunque no ordenó ninguna medida a las fuerzas de seguridad para evitar que se celebrara.
Presión económica
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El gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto un control preventivo de los gastos de la Generalitat para que no haya desvíos para el referéndum. El gobierno aprobó un reforzamiento del sistema de control previsto cuando se impulsó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el objetivo de que la Generalitat no pueda desviar un solo euro para gastos relacionados con el referéndum.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento recibió el pasado lunes y este miércoles las certificaciones de la interventora de la Generalitat de Cataluña sobre los gastos realizados por el Gobierno autonómico, que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras se había negado a remitir y que anunció que no volverían a enviar.
En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras como todos los anteriores, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre. El informe del lunes es el que la Generalitat debió enviar la semana pasada y el de este miércoles, el correspondiente a la semana actual.
El ministro ha explicado que la llegada de esta documentación añade más "confusión" al "proceder errático" de la Generalitat y al "caos" con el que está funcionando, ha dicho. Las certificaciones han llegado además, según ha dicho, "sin que nadie explique nada" ni nadie "rectifique" a Oriol Junqueras, quien anunció que dejaba de enviar estos informes porque la Generalitat se atiene ya a una nueva legalidad propia, no a la del Estado.
Imputación de los altos cargos
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La batalla en los tribunales también se debate en las querellas que ha presentado la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que sean citados como investigados todos los miembros del Govern, los responsables de la mesa del Parlament, incluida la presidenta Forcadell.
Más información
Las querellas por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos ya ha sido admitida a trámite y los encargados de los expedientes tienen que fijar una fecha para toma de declaraciones.
Uno de estos altos cargos, el 'número 2' de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, ha sido multado por el Tribunal Constitucional con 12.000 euros diarios. La misma multa se impone a los síndicos electorales encargados el seguimiento del referéndum ilegal, con lo que el TC ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
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El Constitucional multa con 12.000 euros diarios al 'número dos' de Junqueras
El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios al 'número 2' de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del referéndum ilegal, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
También a los sindicos
El Tribunal Constitucional ha impuesto multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura, los juristas encargados del seguimiento del referéndum ilegal del uno de octubre.
La decisión ha sido tomada de forma unánime. Se establecen sanciones diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum ilegal. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros.
El Poder Judicial sale en defensa de los jueces que investigan el referéndum del 1-0
El órgano de gobierno de los jueces emite un comunicado en el que denuncian un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial", en alusión a las manifestaciones y declaraciones de los últimos días contra el TSJC
Un juzgado niega el cobro de las dietas a los guardias enviados a Cataluña por el 1-O La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM entiende que no cabe anular la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que elimina el pago de las dietas a los guardias destinados de manera urgente a Cataluña.
Otros
La Guardia Civil ha detenido a catorce personas, entre ellas el secretario general del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové i Lladó, durante los 42 registros en varias consellerias del Govern catalán y empresas relacionadas con el 1-O que se desarrolla esta mañana en busca de documentación relacionada con el referéndum ilegal. Josep Maria Jové i Lladó es el número 2 de la conselleria de Economía que dirige Oriol Junqueras, también vicepresidente de la Generalitat.
Según fuentes del Govern, Josep Maria Jové ha sido detenido en la calle, después de que su coche fuese rodeado por cuatro vehículos de la Guardia Civil y obligado a bajar de su coche, tras lo cual ha sido arrestado por orden del juez.
Esta detención se ha producido en el marco del operativo desplegado en varias sedes del Govern en busca de documentación relacionada con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
En la operación hay 20 investigados y han sido detenidas 14 personas. El juzgado 13 de Barcelona investiga los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Estos son los nombres de 12 de los detenidos:
- Josep María Jové Llado (secretario general de Hacienda y 'número dos' del vicepresidente Oriol Junqueras)
- Josue Sallent Rivas (director de Estrategia e Innovación del Centro de Tecnologías de la Información de la Generalitat -CTTI-)
- Lluís Salvador i Tenesa (Conselleria de Economía y Hacienda)
- Francesc Sutrias (Director general de Patrimonio)
- Xavier Puig Farré (Oficina Asuntos Sociales, responsable del área de Tecnología y Comunicaciones)
- Josep María Salvado Tenesa (Conselleria Economía y Hacienda)
- Pau Furriol Fornells ( vinculado a una nave que presuntamente contiene material electoral)
- Mercedes Martínez Martos (vinculada a una nave que presuntamente contiene material electoral)
- David Franco Marcos (CTTI)
- David Palancad Serrano (la Oficina de Asuntos Exteriores)
- Juan Manuel Gómez (Conselleria de Economía y Hacienda)
- María Rosa Rodríguez Curto, directora general de Servicio de la Generalitat, responsable de desarrollos informáticos
Dentro de uno de los camarotes de los antidisturbios movilizados por el 1-O . Los cruceros 'Rhapsody', 'Azzurra' y 'Moby Dada' hospedarán a los agentes que Interior ha movilizado hasta el 5 de octubre para cumplir la prohibición del Tribunal Constitucional sobre el referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre
