¿Qué se sabe del contrato en el que intervino el hermano de Ayuso?

El 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento, y con la pandemia fuera de control, la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria -hoy diputada regional- Ana Dávila, firma una resolución por la que aprueba la tramitación, por vía de emergencia, de un contrato valorado en más de 1,5 millones de euros para el suministro de "material de protección y mascarillas para el pabellón 10 de IFEMA", donde Isabel Díaz Ayuso había ordenado instalar un hospital de campaña para derivar a los pacientes menos graves de COVID-19 en el contexto de un sistema hospitalario absolutamente colapsado. El contrato se entrega sin concurrencia -a dedo- a la empresa PRIVIET SPORTIVE S.L. para adquirir 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3, a razón de 5 euros por cada unidad. En total 1.512.500 euros tras sumarle el IVA del 21%.

En el otoño de 2021, año y medio después de la operación, una historia empieza a correr de redacción en redacción. La empresa pertenecía a un amigo de la familia Ayuso, concretamente de su hermano Tomás, al que conocen desde hace años porque veranean en la misma localidad abulense, Sotillo de la Adrada. Inmediatamente, diferentes voces, siempre de forma anónima, empiezan a deslizar la idea de que el hermano de la presidenta habría actuado como comisionista en ese contrato y, por tanto, se habría beneficiado económicamente por poner en contacto a su amigo-empresario con la Comunidad de Madrid. Un extremo que esta redacción llegó a investigar pero que, ante la imposibilidad de acreditarlo, decidió no publicar.

Esos supuestos vínculos llegaron también a los distintos grupos políticos de la Asamblea de Madrid que, en algunos casos, intentaron fiscalizar el contrato, pero siempre -denuncian- se encontraron con un muro, la mayoría que suman PP y Vox en Vallecas. Al final, varios diputados de la izquierda, en alusiones más o menos veladas, sacaron a relucir esas relaciones sospechosas de Tomás Díaz Ayuso, que siempre han incomodado sobremanera a la presidenta. La tensión tocó techo en el pleno del 11 de noviembre, cuando la diputada socialista María del Carmen López espetó al grupo popular que el hermano de la dirigente "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". La acusación le costó que la presidenta de la Asamblea, la popular María Eugenia Carballedo, la expulsara del hemiciclo y que el resto de grupos -Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos- protestara abandonándolo también.

Isabel Díaz Ayuso, en su declaración sin preguntas de este jueves por la mañana, asegura que preguntó a su hermano por esa supuesta relación. "Me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal", ha asegurado la presidenta madrileña. "Todo está -ha concluido- regulado ante hacienda y declarado". De esta forma Ayuso ha confirmado que efectivamente su hermano Tomás tiene un vínculo con el empresario que va más allá de lo personal y del que en algún momento ha obtenido beneficio. No ha ido más lejos y tampoco se le ha podido preguntar si ese importe "regulado ante hacienda y declarado" tiene que ver con el contrato que está en cuestión.

Según ha publicado este jueves el diario ABC, citando fuentes de la dirección nacional del PP, la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso es de 280.000 euros, el 22% del importe del contrato antes de impuestos. Acusaciones "gravísimas", según ha denunciado la dirigente madrileña, que ha atribuido a Génova 13. Un "ataque" a su honorabilidad, -ha abundado- con el consentimiento de Pablo Casado, y por el que ha pedido ya responsabilidades políticas. "Mi hermano lleva como comercial en el sector sanitario 26 años, pero nunca le he ayudado a nivel laboral", ha defendido Ayuso. Tan indignada estaba la baronesa popular con la actitud de la dirección de su partido que le ha retado a demostrar esas "insensatas" acusaciones. "Si algunos dirigentes querían aclarar algo, solo tenían que pedirlo".

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El secretario general del PP a nivel nacional, Teodoro García Egea, asegura que esas explicaciones se las pidió personalmente el propio Casado a Ayuso, pero que hasta ahora no ha aportada "nada" para aclarar esas sospechas. Lo ha dicho en la rueda de prensa -él sí ha admitido preguntas- en la que ha confirmado que la dirección nacional ha abierto un expediente informativo a Ayuso por sus acusaciones públicas: "Nunca pude imaginar que se atacara, de una forma tan cruel e injusta, a la dirección de un partido que le ha dado todo", ha lamentado el 'número dos' popular; que también ha negado que hayan acusado a ningún dirigente de ninguna irregularidad.