La oposición para cubrir 30 plazas de la Policía Local de Alicante en el turno de movilidad acumula cinco demandas judiciales y una sentencia condenatoria

Alicante

El proceso selectivo para cubrir 30 plazas de la Policía Local en Alicante por el turno de movilidad acumula 15 recursos de alzada ante la Junta de Gobierno, al menos cinco demandas judiciales y una sentencia condenatoria.

La mayoría de las reclamaciones en la vía contencioso-administrativa, 14 de ellas, se han presentado por la "subjetividad" municipal en los informes médicos avalados por el Tribunal de la oposición.

Por otro lado, una aspirante ha conseguido una sentencia condenatoria y deberá ser incluida entre los agentes con plaza tras quedar anulada la titulación que presentaron a la prueba de méritos otros seis aspirantes que sí obtuvieron plaza.

Este proceso selectivo tiene sus paralelismos con el que denunció la Cadena SER el pasado 28 de marzo, por el cual casi 70 de los 92 aspirantes que han conseguido plaza tienen vinculación con agentes del cuerpo, contratistas municipales, políticos y sindicatos.

En aquel caso, la oposición se abrió para el denominado 'turno libre', en este -del que les estamos hablando- se llevó a cabo para cubrir 30 plazas mediante el traslado de agentes que ya están trabajando en los cuerpos de la Policía Local de otras localidades, el denominado 'turno de movilidad'.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Esta oposición también incluye un número notable de plazas, ya que acumula las ofertas de empleo público de los años 2017, 2019 y 2020. Eso sí, el procedimiento de acceso varía y, en este caso, tan solo se realizan tres pruebas: la psicotécnica, la médica y la valoración de méritos.

También coinciden una y otra oposición en que es el mismo Tribunal el que valora a los aspirantes. Presidido por el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, como secretaria ejerce una funcionaria municipal, María Remedios Molina; dos vocales son nombrados por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), José Antonio Berbegal y Miguel Ángel Palacios; y un último vocal, Antonio Collado, jefe de la Policía Local de Xàtiva, actúa a propuesta del presidente del Tribunal.

La oposición para el turno de movilidad finalizó el pasado 26 de octubre de 2021 con el nombramiento de los 30 agentes por la Junta de Gobierno Municipal. Inicialmente se presentaron a la prueba 346 policías, de los cuales 74 lograron aprobar el examen psicotécnico. De ellos, 29 agentes fueron declarados no aptos en el reconocimiento médico. A la prueba final de méritos accedieron 45 aspirantes para cubrir 30 plazas.

Previamente, el 22 de junio del pasado año, este órgano municipal había desestimado14 recursos de alzada que presentaron otros tantos aspirantes que habían sido suspendidos en el examen médico, lo que consideran un acto "subjetivo" de Andrés García Trillo, responsable de los servicios médicos del Ayuntamiento de Alicante y asesor del Tribunal. Para emitir su resolución, la Junta de Gobierno se basó en un dictamen de los miembros de este Tribunal en el que declaraban que aceptaban por unanimidad "los informes emitidos por el asesor de las pruebas médicas, haciéndolos propios".

Tras la decisión de la Junta de Gobierno y una vez cerrada la oposición, al menos cuatro de los candidatos suspendidos en el reconocimiento médico, de los que tenga constancia la Cadena SER, han presentado otros tantos recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante.

En sus argumentos sostienen que discrepan de la valoración realizada por García Trillo que les inhabilita para seguir con el proceso selectivo, un dictamen que refutan con revisiones médicas adicionales realizadas en centros privados y públicos. Además, consideran que el asesor municipal debería haberse abstenido de realizar prueba alguna.

Los opositores añaden que si el centro sanitario externo que realizó las revisiones médicas tuvo alguna duda debería haber hecho pruebas complementarias o pedido a los aspirantes que presentaran informes médicos adicionales. También recuerdan que todos son agentes en activo -algunos con largos años de trayectoria profesional- y que, por tanto, han superado todos los reconocimientos médicos anuales en sus respectivos consistorios.

Por otra parte, algunos de estos aspirantes también recelan de la forma en la que se llevó a cabo la oposición, ya que en el momento de presentar su instancia tuvieron que adjuntar una relación de méritos, algo que no se exigía hace unos años, que entienden que no se debería haber desvelado hasta el momento de realizarse la tercera prueba de la oposición.

Sentencia condenatoria

Sí ha obtenido sentencia -recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia- la demanda de otra aspirante que argumentó ante el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante errores en la valoración de los títulos académicos presentados por otros seis aspirantes que sí habían obtenido plaza.

Con esta sentencia, fechada el pasado 30 de marzo, el Juzgado le da la razón al considerar que el título académico presentado por estos candidatos no debió valorarse por el Tribunal de la oposición. De esta forma, retira a los seis agentes los siete puntos obtenidos gracias al diploma en Criminología presentado por cada uno de ellos.

¿Por qué hay denuncias en esta oposición y no en la de turno libre?

Esta es una de las cuestiones que diferencian ambos procesos selectivos. Fuentes consultadas por la Cadena SER, incluidos los propios aspirantes de uno y otro proceso, aseguran que los agentes que optan a una oposición por el turno de movilidad ya tienen la condición de policías, por lo que "no pierden nada por recurrir".

Sin embargo, los aspirantes por el turno libre, en general, no tienen plaza consolidada. Alguno de ellos afirma que el 70 % de los aspirantes a las oposiciones a la Policía Local en los diferentes municipios de la provincia de Alicante se conocen dado que siempre concurren los mismos opositores. Algo que también, afirman, ocurre con los tribunales que valoran cada una de estas pruebas. Por ello, si denuncian se significan, lo que les haría "aún más complicado aprobar esas oposiciones".

Reacciones políticas

Precisamente, la falta de denuncias ha hecho que el Tribunal de la oposición emita un dictamen con el que cerraba el proceso selectivo para el turno libre y proponga que esos 92 aspirantes sean enviados al Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE) para su formación definitiva.

Además, según el alcalde de Alicante, Luis Barcala, las sospechas, los comentarios o los rumores -como afirmó el pasado miércoles, 6 de abril, a preguntas de los medios de comunicación- no son suficientes para suspender cautelarmente la oposición.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González Varas, consultado por la SER, considera que ante la existencia de "indicios muy claros" el Ayuntamiento podría paralizar el proceso administrativo antes de que culmine.

Caza de brujas

El próximo miércoles se abrirá una comisión de investigación municipal, aparentemente, sin mucho interés por parte de los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE.

Además, dos policías interinos han presentado sendas denuncias ante la Policía Nacional para que la Brigada de Delitos Telemáticos investigue la filtración de una lista con los candidatos aprobados en la oposición. Los denunciantes aseguran que en este documento se daban conocer datos personales, entre ellos su afiliación profesional, es decir, sus números de agente.

En base a la misma filtración, el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, y un comisario también han interpuesto otras tantas denuncias por injurias y calumnias.

Distintos agentes consultados por la SER aseguran que se ha abierto una "caza de brujas" en el seno del cuerpo policial para encontrar a quienes filtraron la información sobre la oposición. Añaden que en la plantilla se ha instalado un clima de sospecha generalizado que genera un mal ambiente laboral.

El caso ya le ha costado el puesto al portavoz municipal del Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB), Pedro Calero, quien tras la denuncia presentada por la SER pidió que el caso fuera investigado. Su sindicato le ha apartado cautelarmente del cargo por haber realizado estas declaraciones sin su consentimiento.