Seis años ya de la sentencia que obliga al Estado a exhumar en el Valle de Los Caídos y todo sigue igual
Ahora el problema es un asunto de impugnación en la concesión de la licencia de obra
Madrid
En este mes de abril se cumplen 6 años desde que el juzgado de primera instancia del Escorial dictara la sentencia sobre los hermanos Lapeña. Entre tanto, la paralización de los trabajos continua sin que haya respuesta para las familias de los asesinados.
La primera resolución en democracia que reconoce al franquismo como una máquina de asesinatos de Estado y las ejecuciones extrajudiciales. Es lo que la Dictadura hizo con estos dos hermanos aragoneses y con otros 34.000 españoles que siguen enterrados en Cuelgamuros.
Pero 6 años después el fallo judicial sigue sin ejecutarse, ahora por culpa de un recurso interpuesto por una organización franquista contra la concesión de la licencia de obra para proceder a las exhumaciones.
Se comenzaría por extraer los columbarios que acogen los restos de los hermanos Lapeña, unos columbarios que están perfectamente localizados y que incluso pueden verse desde una pequeña ventana que Patrimonio Nacional logro realizar en unas de las paredes de la Cripta del Sepulcro.
Pasan los meses, pasan los años y los hijos de los asesinados se van marchando por su avanzada edad. Silvia Navarro, la presidenta de la Asociación de familiares de enterrados en el Valle de Los Caídos, ha señalado a la Cadena Ser que ya es hora de que el gobierno haga los deberes.
Y, sobre todo, que el gobierno central cumpla la sentencia de la que habló mucho cuando estaba en la oposición y ahora sigue dando largas. La Situación en el Valle de Los Caídos es la misma que hace 2 años: sigue cerrado al público y solo acceden al recinto los trabajadores de Patrimonio Nacional y los monjes de la Comunidad Benedictina.
Con la exhumación de Franco, Moncloa fue muy rápida y ejecutiva. No hubo tantos enredos judiciales y 72 televisiones internacionales lo retransmitieron en directo. Irónico que el responsable de los crímenes salga antes que sus víctimas, cuando nadie acudió a la Justicia a pedirlo.
