ERC, EH Bildu, JxCat, PDeCat, CUP, Más País, BNG y Compromís han registrado en el Congreso de los Diputados solicitudes para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, comparezcan para explicar el espionaje a independentistas a través del programa Pegasus. Por su parte, Marlaska ha asegurado hoy en declaraciones a medios que su ministerio no ha tenido acceso al sistema Pegasus «en ningún momento». Por el momento, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este martes al Senado para contestar a preguntas de la oposición, pero ninguna a cargo de los portavoces de formaciones independentistas. Los grupos proponentes informaron este viernes de una solicitud que entró en el registro ayer, jueves, y que, además de Sánchez, Robles y Marlaska (el primero ante el Pleno del Congreso y los ministros ante sus respectivas comisiones del ramo), pide comparecer en comisión a otros altos cargos del Gobierno. En concreto, solicita la comparecencia del director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, del director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López. Los solicitantes son las mismas fuerzas parlamentarias que han pedido una comisión de investigación sobre los hechos, salvo Unidas Podemos y el PNV. El grupo confederal, en tanto que socio de Gobierno, tiene pactado con el PSOE no pedir comparecencias parlamentarias de ministros de la otra formación. El Gobierno insiste en desmarcarse del presunto espionaje a políticos a través de ese software israelí y asegura que no tiene «nada que ocultar». Desde Unidas Podemos, socios de gobierno del PSOE, quieren una investigación y Echenique pidió que «rodasen cabezas». Marlaska ha afirmado este viernes que «el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil» no han tenido acceso «en ningún momento» al sistema de ciberespionaje Pegasus. En declaraciones a los medios esta mañana en la localidad coruñesa de Ribeira, Marlaska ha defendido que «el Gobierno de España cumple la ley estrictamente» y que «ni ha convenido ni ha negociado con la empresa titular de ese sistema», reservado a Estados y fuerzas de seguridad, para su posible uso. Así pues, el titular de Interior se ha mostrado dispuesto a «dar cuentas» en sede parlamentaria sobre este asunto si se le es requerido, como demandan varios de los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados, incluido el grupo de Unidas Podemos, organización que forma parte del Ejecutivo estatal. No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse acerca de si es adecuado abrir una comisión de investigación acerca de este espionaje y ha respondido que «tendrán que decidirlo» aquellas personas con competencias en la materia, no su departamento. Finalmente, ha sostenido que España cuenta con un Gobierno propio «de una democracia plena» y se ha dirigido «a la ciudadanía y a la sociedad» para que «no tengan ninguna duda al respecto». Òmnium Cultural ha asegurado que se querellará contra la empresa israelí impulsora del sistema Pegasus -NSO Group- por el «espionaje político» a más de 60 líderes independentistas. En declaraciones a TV3, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmado que se presentarán querellas en cuatro Estados europeos, ya que «se han infiltrado en móviles y comunicaciones que tienen lugar en cuatro países europeos, aparte de España». Antich ha denunciado 22 ataques de Pegasus a Òmnium, uno de los cuales «se produjo justo una semana antes de que la Guardia Civil entrara a la sede» de la entidad, y otro de ellos tuvo lugar «una semana antes del juicio del Tribunal Supremo» por el «procés». «Aún no somos conscientes de la gravedad y magnitud de este escándalo, que es de naturaleza global», ha incidido Antich, que también ha señalado que «no se trataba de personas concretas, sino que cada una de ellas era el nodo de una serie de redes». «The Washington Post» le ha dedicado una editorial al supuesto espionaje de altos cargos catalanes. En una editorial en la que el rotativo se hace eco del asunto y analiza el uso de herramientas tecnológicas en las democracias e insiste en la necesidad de crear una regulación global. Democracies shouldn’t surrender to a future of limitless surveillance (Las democracias no deberían rendirse ante un futuro de vigilancia ilimitada) pide una condena al espionaje y la creación de incentivos para que estas herramientas se utilicen de manera responsable.