El Ayuntamiento de Jaén no renuncia a los procesos judiciales contra Aqualia

Jaén

El Ayuntamiento de Jaén no renuncia a los procesos judiciales contra Aqualia. Aunque el edil responsable de empresas concesionarias en el Ayuntamiento de la capital, Vicente Oya, ha reconocido a preguntas de Radio Jaén Cadena SER que efectivamente se han suspendido durante un plazo de 60 días hábiles, el máximo que aporta la ley, para estudiarlos con detenimiento. Algo en lo que también está de acuerdo Manuel Carlos Vallejo, de Jaén Merece Más, tras la polémica la pasada semana porque el partido político habría desconocido esta decisión supuestamente unilateral por parte del PP.

Recordamos que el consistorio de la capital ha detenido los dos procesos judiciales contra la empresa de agua, uno a punto de sentencia, y que perseguían la recuperación de 63 millones para los jiennenses. “El Ayuntamiento no ha renunciado a nada, lo único que hemos pedido es que tal y como esta la situación conocer cómo están esos procedimientos y cual es su dimensión, a donde nos pueden llevar. Lo que estamos intentando es generar la suficiente confianza porque la confianza hoy por hoy no está, después de lo que nos está pasando por ejemplo con los autobuses urbanos. Una vez que tengamos conocimiento real de todo esto tendremos que tomar nuestras decisiones”.

También dice que cuando se habla de recuperar 63 millones de euros es hablar “del universo Matrix”, y es que Vicente Oya explica que “se tienen que conjurar todos los astros para poder llegar a lo que están diciendo” desde el PSOE, “porque mienten. No saben lo que es un procedimiento judicial, no saben lo que es un procedimiento de lesividad. Y en ningún momento, este Ayuntamiento va a renunciar a nada que sea real. No podemos empezar a hablar de 63 millones retrotrayéndonos al año 1997, es decir ciencia ficción”.

“Además para que esto se pudiera dar, según las cuentas del Gran Capitán o el cuento de la lechera que han hecho, se tendrían que dar una serie de circunstancias que hoy por hoy no están. Primero que hubiera dos sentencias firmes, y que se recurrieran por una parte u otra al TSJA, que nos dieran la razón e iniciar un procedimiento de lesividad que parece ser que no se lo han estudiado ya que irían contra los propios actos del Ayuntamiento desde 1997 en relación con esto. Y es una barbaridad más que se acaban de sacar de la manga por la desesperación y una política que están haciendo de poner palos en las ruedas. No están defendiendo los intereses de Jaén”, lamenta Oya.

Por su parte Manuel Carlos Vallejo, de Jaén Merece Más y primer teniente de alcalde, ve con buenos ojos lo ejecutado por el equipo de gobierno respecto a la paralización de los procesos judiciales contra Aqualia. “Es simplemente estudiar, conocer en profundidad y analizar. Porque realmente, como muchos otros temas, es que no tenemos ni un papel de nada, no tenemos información de nada, no nos han pasado nada. Tenemos que ir investigando por nuestra cuenta porque no hay actitud colaborativa. Por tanto, lo normal es parar que no renunciar para informarse y documentarse”.

Insiste en que “realmente el problema que nos encontramos es que no tenemos información de nada. Creo que es bastante razonable, y la ciudadanía debe entender que no es una renuncia, es una suspensión para estudiar, para analizar y para reiniciar el proceso si hace falta y tener las cosas muy claras. No se está pidiendo nada descabellado, ni disparatado, ni se están perjudicando los intereses de la ciudad. Es una actitud sensata, prudente y coherente con el servicio público”, finaliza Vallejo.

Recordamos que el Pleno de Jaén, durante el gobierno de PSOE y Cs, dio el visto bueno en marzo del año pasado al proceso de nulidad de convenios con Aqualia, al igual que los acuerdos de liquidación que derivan de ello y que no implicaba la nulidad del contrato con la empresa. Las modificaciones conllevaron incrementos del coste en un 14% por año. Modificaciones que, por tanto, incrementaron el importe en un 310% al subir el coste unitario del metro cúbico hasta los 2,5 euros. Se calcula un perjuicio municipal que ronda los 63 millones de euros para el consistorio, algo que podría haberse recuperado para la ciudad de haber ganado en las batallas judiciales ya emprendidas.