Suspendido el juicio contra Dorado por la ausencia de un testigo "clave" para la defensa

Córdoba

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha suspendido este mediodía la sesión del juicio al exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, por la incomparecencia de un testigo "clave" para la Defensa.

Esta es la única causa contra Dorado dentro de las piezas del llamado 'Caso Infraestructuras' por presuntas irregularidades en los contratos realizados por la delegación durante la pandemia. Se le acusa de un presunto delito de prevaricación por la contratación de una empresa en 2020 para la gestión del sistema de seguridad (alarmas) para los colegios y edificios municipales, distinta a la adjudicataria del contrato que fue firmado en 2018, a la espera de una nueva licitación. En concreto, ese contrato legal se habría prorrogado hasta mayo de 2020 para garantizar la continuidad del servicio "esencial" en pleno estado de alarma. Pero Infraestructuras desistió de continuarlo y firmó un nuevo contrato

Este segundo documento, formalizado en septiembre de 2020 aunque con fecha de 12 de mayo, es el objeto del juicio. Un contrato menor de un mes, prorrogable mensualmente, por la conexión de los sistemas de los centros a la central de alarmas, averías y mantenimientos. Por estos conceptos se realizaban facturas de menos de 3.000 euros, el límite para los contratos menores. El documento fue firmado por el exconcejal tras ser negociado y elaborado por un funcionario municipal que era el contacto con las empresas, según defiende el abogado de la Defensa, Carlos Arias. De hecho, la incomparecencia de este "capataz" de la delegación de Infraestructuras, ya jubilado, ha provocado la suspensión del juicio. Solo queda pendiente la declaración del acusado. Así lo ha decidido el presidente del tribunal, José Francisco Yarza, tras escuchar a las partes.

Por la sala número 10 de la Ciudad de la Justicia han pasado los testigos llamados a declarar. Los representantes de ambas empresas, la excoordinadora general de Infraestructuras y el que fuera Jefe de Mantenimiento de Edificios de esta delegación (ambos investigados en otras causas del 'Caso Infraestructuras), la vice-interventora del Ayuntamiento de Córdoba, el funcionario responsable del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular de la Asesoría Jurídica del consistorio y el alcalde de Córdoba.

José María Bellido se ha limitado a aclarar que no conocía este contrato "ni directa ni indirectamente" hasta "ayer" a través del expediente de este contrato y con motivo de su declaración. Según el conocimiento de esos informes, ha dicho el alcalde en sede judicial, las condiciones de este contrato son "una circunstancia no habitual". También, a preguntas del abogado de Dorado, ha asegurado que no le consta perjuicio al Ayuntamiento por este contrato. Además de reconocer que seguramente diría a Dorado, "como a otros concejales", que hay que confiar y firmar aquello que determinen los técnicos.

La defensa ha basado su estrategia en la confianza de Dorado en los técnicos de la delegación a la hora de firmar el contrato menor investigado con una empresa distinta a la que lo tenía desde 2018. En concreto, en el capataz que mantenía el contacto con las empresas y que, según esta parte, sería el responsable del documento que rubricó el exconcejal. Además de ubicarlo en un contexto de pandemia "excepcional" y en la necesidad de dar continuidad al servicio tras el informe de desistimiento de contrato con la primera empresa por falta de voluntad de continuar de esta.

Así lo ha mantenido el abogado de Dorado y lo ha refrendado el representante de la propia empresa, que ha confirmado que subcontrataba los servicios a la segunda casi desde el principio porque así cumplía "y al menos no perdía dinero". Es decir, contrató a la empresa que fue descartada en su momento de la licitación por una "baja temeraria". Para Carlos Arias, esta circunstancia demuestra que "en la práctica" el contrato objeto del juicio era una "continuidad".

La excoordinadora general de Infraestructuras y el jefe de Mantenimiento de Edificios se han limitado a señalar al mismo funcionario, inferior en rango a ambos, a la hora de elaborar el contrato. La primera ha negado que firmara un "desistimiento" del contrato anterior prorrogado, sino un informe que liberaba financieramente su mantenimiento para una licitación que comenzaron a elaborar, pero que nunca salió adelante por deficiencias en el pliego.

"Es una patada a la legislación de contratos"

Una versión muy distinta es la que han ofrecido los responsables de los órganos de control del ayuntamiento cordobés.

La vice-interventora ha confirmado los reparos levantados desde el primer momento a las facturas del contrato menor firmado, todas ellas menores de 3.000 euros y que llegaron a sumar casi 50.000 desde 2020, cuando se formalizó, hasta diciembre de 2022.

El responsable del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local ha negado que pueda realizarse un contrato menor como este alegando la "continuidad excepcional del servicio" ya que este tipo de contratos no pueden ser prorrogables, superar los 15.000 euros o durar más de un año". Además, ha confirmado que se han omitido todos los informes técnicos preceptivos. Así lo ha dicho a preguntas del fiscal, Manuel Carlos Jiménez.

El más contundente ha sido el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba. "Nos extrañó que presentaran el desistimiento" cuando aún no estaba en licitación el nuevo contrato, ha explicado a la sala. "Lo malo es que se firma un contrato sin ningún informe técnico previo que lo avale". Además, ha insistido en que el concejal no tenía delegada la competencia para firmar este tipo de documentos. "Es una patada a la legislación de contratos", ha añadido para resumir los argumentos que ha explicado en el juicio. Ha reconocido no saber que la empresa adjudicataria subcontrataba a la que luego se haría con este contrato, pero ha insistido en que el recorrido legal debería haber sido continuar con la continuidad establecida con la primera hasta la nueva licitación.

Ahora el juicio queda pendiente de fecha para la última declaración, la da David Dorado, para quien la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación como cargo o empleado público.