Casi medio millar de solicitudes de informes en Jaén para la regularización migratoria

Jaén

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ha recibido en apenas dos días más de 460 solicitudes de informes vinculados al proceso extraordinario de regularización migratoria. La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha destacado la elevada demanda registrada en tan corto espacio de tiempo, lo que, a su juicio, refleja la buena acogida de esta medida. De hecho, el volumen de solicitudes gestionadas en la capital supone ya en torno al 15% del total previsto en toda la provincia.

Estos informes de vulnerabilidad están dirigidos a aquellas personas que no pueden acreditar vínculos laborales o familiares en España. No obstante, la normativa establece que no será necesario solicitarlos en el caso de quienes estén tramitando protección internacional, puedan demostrar actividad laboral o intención de incorporarse al mercado de trabajo, o formen parte de una unidad familiar con menores, personas con discapacidad o ascendientes a su cargo.

Para el resto de solicitantes, la acreditación de vulnerabilidad se realiza mediante un certificado disponible en la web del proceso de regularización, que debe ser validado por entidades de carácter social, especialmente los ayuntamientos, lo que explica el incremento de solicitudes en el caso de Jaén. Díaz ha subrayado que esta fase forma parte de un procedimiento “detallado y garantista”, en el que se analizan las circunstancias personales, sociales y laborales de cada solicitante. En este sentido, ha recordado que muchas de estas personas ya están integradas en la vida diaria de la ciudad, compartiendo espacios como centros educativos, lugares de trabajo o servicios públicos.

La edil ha defendido además que esta iniciativa favorece la cohesión social y contribuye a reducir la economía sumergida. En el caso concreto de Jaén, ha señalado que puede tener un impacto relevante en sectores como el agrícola, facilitando la regularización de trabajadores temporeros que participan en campañas como la recogida de la aceituna y que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Podrán acogerse a este proceso las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses. Además, deberán ser mayores de edad, no disponer de autorización de residencia en vigor y carecer de antecedentes penales no cancelables. A estos requisitos se suma la necesidad de cumplir al menos una de estas condiciones: contar con una relación laboral o una oferta de empleo de al menos 90 días, acreditar la existencia de una unidad familiar o justificar una situación de vulnerabilidad mediante informe de los servicios sociales. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, pudiendo realizarse tanto de forma telemática como presencial. Durante el proceso, los solicitantes podrán contar con el apoyo de profesionales y entidades especializadas en materia de extranjería.

Entre la documentación requerida figuran el pasaporte —incluso caducado—, el certificado de antecedentes penales del país de origen, la acreditación de estancia en España y un cuestionario sobre la situación formativa y laboral. Uno de los aspectos más destacados es que, una vez iniciado el trámite, la persona podrá residir y trabajar de manera provisional, tanto por cuenta propia como ajena. La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud. En caso favorable, se concederá una autorización inicial de un año, que posteriormente podrá renovarse o adaptarse al régimen general de extranjería.