Los obispos aragoneses consideran que se están vulnerando derechos fundamentales con la asignatura de Religión

A través de un comunicado, los obispos de las diferentes diócesis del territorio aragonés han mostrado su preocupación con las instrucciones definitivas del 10 de julio, del Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón sobre la ordenación educativa del primer y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachillerato para el próximo curso.

Consideran que: Se vulneran los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, según los cuales la asignatura de Religión se ha de considerar equiparable a las demás disciplinas fundamentales. El Acuerdo de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales afirma: “Los planes educativos […] incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” (art. II).

Indican que no es viable impartir con calidad el currículo de Religión con un horario tan reducido como el que figura en las citadas Instrucciones Definitivas. Y añaden que los padres de los alumnos han de tomar conciencia de que esta nueva situación lesiona sus derechos, que los poderes públicos deben garantizar, en lo relativo a la formación religiosa y moral de sus hijos.

También dicen que el artículo 27.3 de la Constitución Española de 1978 establece: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Señalan también en el comunicado que vulneran los derechos de los profesores de Religión a quienes se reduce drásticamente su horario lectivo, con el consiguiente empeoramiento de su situación laboral, a la vez que se les obliga a frecuentes desplazamientos entre distintos centros educativos para desempeñar su tarea.

Por todo lo cual, solicitan que la enseñanza de la Religión Católica se realice teniendo en cuenta los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, que poseen el rango de ley orgánica.