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La Unión de Consumidores reclama la devolución de los incrementos sin previo aviso en los precios del gas

Más de ciento cincuenta mil clientes de Total Energies afrontan subidas en la factura de hasta 600 euros en el último trimestre

Las empresas están obligadas a informar a los consumidores de la posibilidad de optar a tarifas más económicas en caso de incrementos sustanciales de la factura. / Stefano Madrigali

Oviedo

En torno a ciento cincuenta mil personas se han encontrado en Asturias con un incremento de entre quinientos y ochocientos euros en su factura del gas correspondiente al  último trimestre y en especial al mes de diciembre. Se trata de clientes de la compañía Total Energies que ostenta prácticamente el monopolio en el servicio de gas y que ha aplicado esta subida sin previo aviso sus clientes, tal y como marca la ley para que éstos pudieran optar  por acogerse al mercado regulado, con tarifas mucho más bajas.

Total Energies pasó de facturar en setiembre 10 céntimos por Kilowatio / hora a facturar en diciembre 23 céntimos, cuando el precio del gas en el mercado regulado  fue de 6 céntimos el kilowatio / hora.  La desorbitada facturación ha provocado un aluvión de llamadas a la Unión de Consumidores de Asturias, cuyo presidente Dacio Alonso ha anunciado que van a exigir a la compañía la devolución de lo indebidamente cobrado. Para ello, la UCE colgará en su página consumidor.es un formulario que pueden descargar los afectados, según informó Dacio Alonso quien añadió que están dispuestos a acudir a cuantas instancias sean precisas, incluidos los tribunales, para exigir esa devolución.

Los gobiernos, responsables de la falta de información a los consumidores sobre sus derechos

El presidente de la Unión de Consumidores considera que situaciones como ésta son el resultado de una suma de factores: la falta de conocimientos y la pasividad de los consumidores, unido a las prácticas monopolísticas y de abuso de las compañías eléctricas.  Tampoco exime  Dacio Alonso de cuota de responsabilidad a los gobiernos tanto de España como de Asturias por su opacidad y deficiente información acerca de los derechos que asisten a la ciudadanía. En el caso del Principado considera muy grave el hecho de que treinta mil personas estén acogidas  al bono social térmico y eléctrico, mientras que otras doscientas mil se encuentran en situación de pobreza porque al desconocimiento de su derecho, se suma lo “farragoso” de la tramitación del bono, según denunció Dacio Alonso.

El presidente de la UCE también recomienda a la ciudadanía que antes de cambiar de compañía eléctrica consulte el comparador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, “el único fiable”, y rechacen las ofertas puerta a puerta o vía telefónica que, además están prohibidas por ley.

 
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