El juzgado fija el desalojo del asentamiento ilegal de Ibiza para el 10 de julio
La magistrada ordena que el desalojo de decenas de infraviviendas se realice a las 12 horas
Imagen de la zona / Google Maps
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza ha fijado el desalojo del asentamiento ilegal ubicado en el barrio de Can Negre, en el término municipal de Santa Eulària, para el 10 de julio.
La magistrada ordena que el desalojo de decenas de infraviviendas se realice a las 12 horas, según figura en las diligencias de ordenación, contra las que cabe recurso de reposición.
El asentamiento ilegal está localizado en una propiedad privada conocida como Can Rova y es propiedad de seis hermanos, uno de los cuales gestiona el asentamiento ilegal en oposición a los otros.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Palma, dictada el pasado mes de marzo, constata que el demandado viene ocupando la finca “sin que posea título que justifique dicha ocupación, por mera tolerancia de los demás”.
Los demandantes establecen que dan por “concluida la posesión exclusiva y excluyente” como consecuencia de un “uso abusivo que se manifiesta en la realización de actividades ilegales e incluso peligrosas, y contraria a su destino”.
La sentencia también apunta que no ha existido un “acuerdo previo” de los codueños, es decir, del resto de hermanos, ya que el demandado ya hizo uso exclusivo de la finca “previa a la adquisición del derecho de uso por parte de la totalidad de los actuales codueños”.
El escrito hace referencia a actividades “ilegales”, “carentes de licencias” y que reportan un “beneficio económico ilícito y exclusivo” al demandando. Entre estas actividades cita el alquiler de suelo para caravanas y tiendas de campañas, alquiler de habitaciones en “condiciones infrahumanas” y el alquiler de espacio para el almacenamiento de maquinaria pesada y material de construcción, según la declaración de uno de los testificales.
Por otro lado, la Dirección General de Vivienda del Govern balear ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al demandado tras constatar, en una inspección, que ha estado cobrando el alquiler a unas 70 infraviviendas instaladas en el solar.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, han confirmado que entre los residentes de dicho asentamiento se encuentra una decena de familias vulnerables, con menores a cargo, que están siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales.
