Cementerios de material sanitario valorado en millones de euros: se filtra un informe demoledor de la Audiencia de Cuentas de Canarias

Tenerife

La Audiencia de Cuentas de Canarias elaboró un proyecto de informe muy duro con la gestión del Gobierno de Canarias durante la pandemia que ha circulado desde marzo, y que fue mencionado por primera vez en el Parlamento en la comisión de presupuestos de Sanidad la semana pasada. El proyecto de informe detalla una lista de más de seis millones y medio de unidades de productos COVID-19 almacenados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que no cumplen los requisitos mínimos de calidad para ser utilizados: guantes de nitirilo ambidiestros sin polvo de tallas mediana y grande, mascarillas FFP2 sin válvula ajustable no látex, desechables, productos que en algunos casos superan el millón de unidades. Además, hay monos defectuosos, mascarillas de papel, guantes de vinilo, botes de gel inservibles, pantallas protectoras y trajes tipo buzo que tampoco reunen los requisitos mínimos de calidad.

Este material está valorado por el propio centro sanitario en más de dos millones de euros, y puede tratarse de la punta del iceberg. Se desconoce si en otros centros hospitalarios de Canarias ocurren situaciones similares, porque la propia Audiencia de Cuentas revela que solicitó también al Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil de Gran Canaria la remisión de los datos del material bloqueado, tanto a la jefa de contratación como al director de gestión del citado complejo, además de a la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud", sin que éstos remitieran esos datos, "circunstancia esta que ha impedido realizar [a la Audiencia de Cuentas] los análisis pertinentes y ha imposibilitado que se puedan realizar las oportunas verificaciones y emitir un pronunciamiento al respecto".

El proyecto de informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la Comunidad Autónoma de Canarias no ha logrado ser todavía aprobado por el Pleno, por lo que no se trata todavía de una opinión colegiada del órgano de control. Sin embargo, en el proyecto de informe filtrado hay datos verificables, como el material desechado. Además, se afirma que las contrataciones llevadas a cabo durante la pandemia "estuvieron muy alejadas del rigor que se le exige a un servidor público y no se dirigieron a salvaguardar los recursos económicos, motivando que parte de los productos sanitarios recepcionados no cumpliesen los requisitos mínimos de calidad exigidos y no pudiesen cumplir la finalidad para la que fueron adquiridos". Además del material inutilizado, almacenado por millones de unidades en este centro, se señala que los servicios de prevención del hospital ni siquiera guardan homogeneidad, ni se pronuncian con determinación sobre la aptitud o no del material sometido a su valoración.

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Entrevista al presidente de la Audiencia de Cuentas en Hoy por Hoy La Portada

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El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias confirma en Hoy por Hoy La Portada que el proyecto de informe fue enviado a Fiscalía

"En la tramitación del informe observamos unas posibles responsabilidades contables que fueron trasladadas al Tribunal de Cuentas y en su día la Fiscalía también nos pidió información, y a los dos se les ha trasladado toda la información", afirma el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco. "El informe fue filtrado primero a trozos y ahora mismo ha salido casi completo, ya está en muchísimas manos y es muy difícil saber quién lo ha filtrado, pero nosotros no hemos trasladado nada", afirma Pacheco sobre la filtración de este proyecto de informe. Aunque no ha logrado ser aprobado todavía en Pleno, contiene valoraciones muy duras acerca de la gestión del Gobierno durante la pandemia. "Normalmente, los informes son aprobados sin prejuicio de que haya posiciones divergentes, en este caso nosotros todavía no hemos podido aprobarlo ni sé si se aprobará. Pero yo parto de que todos los miembros del pleno han actuado de manera técnica y profesional", afirma Pacheco sobre las acusaciones de que el informe fue parado por presiones del Gobierno.

El 62% de los contratos se hicieron con empresas que no tenían nada que ver con la venta de material sanitario

La mayoría de los contratos para la compra de material se adjudicaron a dos empresas: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. e Innjoo Technology S.L, sociedades cuyo objeto social no se correpsonde con la venta de material sanitario. En opinión del Audiencia de Cuentas, "pudiendo estar incursos en causa de nulidad", porque "el Servicio Canario de Salud adjudicó la compra de material a empresas que no acreditaron solvencia profesional y técnica, conforme establece la Ley, ni tampoco estar capacitados para contrar con la Administración"

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El Gobierno también recurrió este argumento alegando que en los expedientes tramitados por emergencia no es necesario que la administración comprueba la capacidad y actitud de los contratistas. De nuevo sin éxito, porque la Audiencia de Cuentas rebate de forma contundente al Gobierno citando un dictamen del Consejo de Estado: "incluso en la contratación de emergencia, la Administración tiene la obligación de comprobar la capacidad y la solvencia de las empresas que contrata". La Audiencia de Cuentas también desestimó por lo tanto la alegación del Gobierno.

La Audiencia de Cuentas va mucho más allá y afirma que "esto motivó que el Servicio Canario de Salud formalizase contratos con empresas cuyo objeto social era la venta y reparación de automóviles, construcción y montaje de buques, actividades agrícolas y ganaderas, adquisición, almacenamiento de suministros industriales, etc., cuya relación con los productos a adquirir era inexistente", explica el órgano de control sin atender a las alegaciones del Gobierno. El informe señala, por ejemplo, que ninguno de los contratos de emergencia formalizados por el Hospital Doctor Negrín se publicaron ni en la Plataforma de Contratación del Sector Público ni en el portal de transparencia, por lo que ni siquiera pudieron ser fiscalizados por la Audiencia de Cuentas.

El alcance de la contratación opaca o irregular podría ser mucho mayor: el informe analiza solo 106 de los 1.390 contratos que se realizaron durante la pandemia

La Audiencia de Cuentas señala que el proceso informático de justificación de pagos del Sistema Económico, Financiero y Logísticos de Canarias (Sflogic) se produce "por el mero pago a un tercero, sin necesidad de su validación, con una factura activa del registro, debidamente conformada", lo que el órgano de control señala como "una debilidad de control interno que debe ser subsanada". En las alegaciones al proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas el Gobierno reconoce esta afirmación, "actualmente, no existe ningún campo que vicule esa factura con la bolsa de pago a justificar. Se estudiará la posibilidad de hacer un desarrollo específico para tal fin", reconoce Sanidad en sus alegaciones.

El alcance de la contratación opaca o irregular es mucho mayor: el informe analiza solo 106 de los 1.390 contratos que se realizaron durante la pandemia. De los 106 analizados hay 35 en los que no consta ni la justificación del gasto a realizar, ni siquiera la justificación de la tramitación de emergencia. Además, el Servicio Canario de Salud realizó gastos por encima de los dos millones de euros sin contar con la autorización del Gobierno. En este caso, Sanidad presentó una alegación a la Audiencia de Cuentas insistiendo en que la autorización no es necesaria, pero la Audiencia de Cuentas desestimó de nuevo esta alegación.

"Si el legislador canario hubiese querido eximir a los órganos de contratación de solicitar la previa autorización del Gobierno de Canarias para aquellos órganos que superasen el umbral de dos millones de reuos lo habría establecido previamente mediante Decreto Ley, tal y como hizo con motivo de la catástrofe causada por el volcán de la isla de La Palma", explica la Audiencia de Cuentas. Con motivo de la erupción, el Gobierno autorizó que los expedientes de gasto que superaran el umbral no necesitaran la autorización del Gobierno que establecen las leyes anuales de presupuesto. Sin embargo, se hicieron esos gastos sin amparo legal y sin autorización del Gobierno.

La consejería de Sanidad presentó alegaciones al informe de la Audiencia de Cuentas y la propia Audiencia las rebatió y desestimó

Ante la gravedad de las afirmaciones de la Audiencia de Cuentas, el Servicio Canario de Salud lo recurrió pidiendo, entre otras cosas, que la Audiencia de Cuentas matizara el párrafo que señala el material defectuoso, "dado que tales informes no son obligatorios". La Audiencia de Cuentas no consideró esta alegación y mantuvo inalterable el informe porque, "el hecho de que los informes de prevención no sean vinculantes no obsta, en ningún caso, para que el Servicio Canario de Salud deba, como órgano gestor de fondos públicos que es, cerciorarse de que el material que adquiere cumple los requisitos mínimos exigibles. "En otro caso, se podría hablar de administración irregular de tales fondos", llega a decir la Audiencia de Cuentas en respuesta a las alegaciones del Gobierno.

Además, el Gobierno alegó que el 78% del material ha sido reasignado para su uso y que el informe no indica cuáles son las empresas que suministraron dicho material. Ante esto, la Audiencia de Cuentas responde que la reasignación es "inadmisible", literalmente, porque "el material adquirido (p.ej. los guantes) por el Servicio Canario de Salud durante el periodo objeto de fiscalización tenía como finalidad atender las necesides motivadas por la pandemia de la COVID puesto que, de no ser así, no cabría emplear la tramitación de emergencia ni pagar por los productos adquiridos un sobrecoste inadmisible en una situación ordinaria", responde la órgano de control. Además, rebate al Gobierno aclarando que "todas y cada una de las afirmaciones puestas de manifiesto en el proyecto de informe están basadas en evidencias suficientes y adecuadas", no considerando las alegaciones del Gobierno y por lo tanto, manteniendo inaltereble el proyecto de informe.