La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia consigue un seguimiento del 62 por ciento

Santa Cruz de Tenerife

Los Letrados de la Administración de Justicia, anteriormente conocidos como secretarios judiciales, han celebrado el primer día de huelga en el Archipiélago para reivindicar la equiparación salarial tras la ampliación de las competencias que tiene delegadas desde 2009. Según los convocantes, los paros han sido secundado por el 62 por ciento de los letrados sólo en la provincia tinerfeña. Por su parte, según datos facilitados por la Secretaria de gobierno del TSJC de los 218 letrados activos en Canarias, han ido a la huelga un total de 62 mientras que no han secundado la huelga 95 letrados. Los servicios mínimos han sido cubiertos por 52 letrados.  La portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, Esperanza Torregrosa, se ha mostrado satisfecha por el nivel de sguimiento de la protesta.

"Queremos que el Ministerio de Justicia que cumpla con los acuerdos a los que llegamos con la anterior huelga en los meses de enero y febrero de este año. No pedimos un aumento salarial sino una adecuación a las constantes funciones y responsabilidades que hemos asumido a lo largo de los años", explicó. La anterior jornada de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, colapsó la práctica totalidad de las jurisdicciones en Canarias con la suspensión de un total de 100 juicios sin embargo, en cuanto al número de juicios que han tenido que ser suspendidos, desde el TSJC no se han facilitado datos al respecto, si bien según ha podido saber la SER sí se han tenido que suspender procedimientos en la jurisdicciones sociales y los retrasos han sido numerosos en todos los juicios señalados.

Por otra parte, los letrados reivindican el reconocimiento de una negociación colectiva propia ya que las asociaciones y sindicatos propios no se incluyen en las mesas de negociación pero además, con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que la dependencia del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina bajo su dirección pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los letrados.