La jueza obvia la petición de archivo de la Fiscalía del 'caso Laycas' y amplia las diligencias por seis meses
La magistrada considera que no ha concluido la investigación para el esclarecimiento de los hechos y la "determinación de los responsables"
Santa Cruz de Tenerife
En una Providencia a la que ha tenido acceso la SER, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de San Cristóbal de La Laguna ha resuelto prorrogar, por un plazo de seis meses, las diligencias de investigación del denominado 'caso Laycas' al entender que "no ha concluido el conjunto de las diligencias de investigación acordadas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables". Esta resolución judicial se produce tras la solicitud del fiscal, Jonay Socas a la jueza instructora el archivo provisional de la causa al no haber indicios de delito. En el procedimiento, en el que permanecen en calidad de investigados , el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez, y los ediles del grupo de gobierno, Yaiza López, Carla Cabrera y Badel Albelo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada, se analizan decenas de contratos menores presuntamente concedidos a familiares y amigos por parte de los anteriormente citados desde 2019.
Infinidad de contratos bajo lupa
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Alfredo Gómez, concejal de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Transparencia tras detectar irregularidades en la concesión de decenas de contratos por un montante económico que supera el millón de euros. Según el querellante se trata de un caso de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental. El caso Laycas comprende una ingente documentación, no solo la que obra en la denuncia presentada por parte del concejal de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Transparencia, Alfredo Gómez, sino la presentada previamente por el que fuera edil socialista, Javier Abreu, quien puso numerosa documentación relativa a los mencionados contratos en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.