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La jueza rechaza la ampliación de la querella por el 'caso Laycas'

El edil Alfredo Gómez presentó varios contratos presuntamente irregulares posteriores a los analizados en la causa

Edificio que alberga los juzgados en San Cristóbal de La Laguna. / CADENA SER

Edificio que alberga los juzgados en San Cristóbal de La Laguna.

Santa Cruz de Tenerife

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de San Cristóbal de La Laguna María Celia Blanco Redondo ha dictado un Auto en el que desestima la ampliación de la querella solicitada por el edil en el consistorio lagunero, Alfredo Gómez, en el marco del denominado 'caso Laycas'. Concretamente, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso la SER, Gómez había solicitado que se unieran a la causa varios contratos referidos a la producción artística, limpieza e higiene en la etapa del COVID, suministros de mascarillas, pintura y maquinaria de control de temperatura y agua envasada con base en que eran contratos fraccionados para "evitar la licitación pública y en una pretendidas relaciones de amistad, parentesco o sentimentales faltando igualmente informes técnicos o existiendo sobrecostes en las adjudicaciones".

En la querella ahora rechazada por la juez, se hace referencia a "nuevas contrataciones" posteriores a la presentación de la primera querella que inicó el caso, en concreto con las empresas La Creme Films SL y We Are Paradisso SL, a la que se les fraccionaron contratos por valor de 69.336 euros e interrelacionando a los administradores de ambas empresas con la concejal del Cultura, Yaiza López. En este punto, la magistrada es contundente a la hora de desestimar la inclusión de dichos documentos contractuales a la causa actual ya que, "sin entrar a prejuzgar si esos contratos son válidos penalmente, si son válidos administrativamente o si son nulos, lo cierto es que exceden del objeto de esta querella, que examina la validez (penal) de los contratos de 2019 y 2020 no existiendo conexión" ya que varían las fechas, varían los investigados y "no cabe convertir a este Juzgado en el instructor de toda la gestión del Ayuntamiento de La Laguna durante una Legislatura; se trataría de hechos nuevos y distintos a los investigados".

Las diligencias prosiguen

Por otra parte, tal y como adelantó la SER, el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Cristóbal de La Laguna ha resuelto prorrogar, por un plazo de seis meses, las diligencias de investigación del denominado 'caso Laycas' al entender que "no ha concluido el conjunto de las diligencias de investigación acordadas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables". Esta resolución judicial se produce tras la solicitud del fiscal, Jonay Socas a la jueza instructora el archivo provisional de la causa al no haber indicios de delito. En el procedimiento, en el que permanecen en calidad de investigados , el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez, y los ediles del grupo de gobierno, Yaiza López, Carla Cabrera y Badel Albelo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada, se analizan decenas de contratos menores presuntamente concedidos a familiares y amigos por parte de los anteriormente citados desde 2019.

Infinidad de contratos bajo lupa

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Alfredo Gómez, concejal de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Transparencia tras detectar irregularidades en la concesión de decenas de contratos por un montante económico que supera el millón de euros. Según el querellante se trata de un caso de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental. El caso Laycas comprende una ingente documentación, no solo la que obra en la denuncia presentada por parte del concejal de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Transparencia, Alfredo Gómez, sino la presentada previamente por el que fuera edil socialista, Javier Abreu, quien puso numerosa documentación relativa a los mencionados contratos en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

 
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