Canarias pondrá coto al alquiler vacacional: así es la consulta pública dirigida a los ciudadanos

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias comienza a trabajar en la norma que pondrá coto al alquiler vacacional en el Archipiélago. El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas anunciado por la consejera de Turismo y Empleo y que espera tener aprobado como muy tarde el 30 de junio de 2024. La consulta pública comenzará el próximo 27 de octubre en el Cabildo de Lanzarote y continuará isla por isla para poder contar con las apreciaciones y de todos los sectores implicados. A partir de esta ronda de contactos se desarrollará el texto normativo.

Canarias tiene en la actualidad 46.486 viviendas vacacionales, lo que se traduce en una oferta de unas 190.000 plazas. Ya en diciembre de 2022, el ejecutivo saliente fijó el techo turístico del Archipiélago en 700.000 plazas. En ese momento se contabilizaron 480.000 plazas hoteleras y extrahoteleras, de las que 350.000 estaban en uso en los 843 recintos geográficos localizados. El entonces consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, cifró en un 49% el desplome de la planta de apartamentos y en un 10% el aumento de la planta hotelera.

De las cerca de 47.000 viviendas turísticas de Canarias, en torno a 9.000 se han registrado en los últimos dos años. El alquiler vacacional está regulado en la comunidad autónoma vía decreto (del 22 de mayo de 2015) sin que el documento establezca límites cualitativos y cuantitativos a la actividad. Es en este punto en el que quiere incidir el ejecutivo porque "no puede seguir creciendo ni indiscriminadamente, tiene que haber un límite en cuanto número". En la antena de Radio Club Tenerife, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística ha sumado otros condicionantes a este fuente económica: "Tiene que haber planificación para determinar dónde se debe ubicar y tiene que haber, sobre todo, equilibrio entre la libertad de empresa, el derecho a la vivienda, el respeto a la calidad de vida de la ciudadanía y el respeto a la planificación urbana".

Limitaciones "cualitativas y cuantitativas" y derecho a la vivienda

La normativa canaria, que comienza ahora su desarrollo, contará con un enfoque transversal, analizando factores urbanísticos, turísticos, de ordenación del territorito, de movilidad sostenible, de medioambiente, de protección del patrimonio cultural y de vivienda. "Es ver cómo incide el fenómeno de las viviendas turísticas, que se ha disparado en cifras, en todos esos aspectos. No es una cuestión exclusivamente turística. Una de las cuestiones en las que más incide es en el derecho a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles", ha explicado Miguel Ángel Rodríguez: "Que piensen también en la preservación de su identidad, en la necesidad de que la gente siga viviendo cerca del colegio, cerca del centro de salud, que no desaparezca el comercio de barrio, etc.".

El precio interanual de la vivienda en alquiler subió en el mes de agosto en ambas provincias. En el caso de Las Palmas, el incremento fue del 18,6%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife fue del 16,9% según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. La incidencia de las viviendas turísticas en el precio del alquiler será uno de los aspectos a tener en cuenta en la consulta pública para el desarrollo de la Ley.

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Turistificación de las zonas residenciales

El director insta, además, a la ciudadanía a tener en cuenta "lo que se juega Canarias" en relación al cambio climático. Rodríguez ha detallado que "si se provoca un fenómeno de gentrificación, expulsamos a la gente de los centros de las ciudades a la periferia, tienen que usar más vehículo, más transporte, y contaminamos más. Vamos en dirección contraria a donde debemos ir". Además del derecho a la vivienda o el medioambiente, el ejecutivo también contemplará la capacidad de carga turística de Canarias: "Oiga, tenemos ya tantos turistas que la satisfacción del turista no crece sino que decrece, se aminora, y por tanto somos menos competitivos. También vamos a analizar capacidad de carga social, cómo reacciona la ciudadanía frente al turismo".

Otra de las cuestiones sobre las que tendrá que pronunciarse la ciudadanía, según el director general, es por qué modelo turístico determinado apuesta Canarias. "¿Da la vivienda vacacional más y mejores empleos que la industria tradicional?" Es la pregunta formulada por Rodríguez y que se planteará a los diferentes sectores porque "hay que apostar por aquel modelo que genera más fiscalidad para redistribuir la riqueza que genera el turismo".

Ascav advierte sobre las consecuencias de la norma

Según la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), esta modalidad turística genera "2.000 millones de euros al año a la economía canaria. Es dinero que se queda en Canarias, que no se va fuera de Canarias", ha apostillado su portavoz, Javier Valentín, en Hoy Por Hoy El Drago haciendo un llamamiento al ejecutivo a "afilar muy bien el lápiz para no perjudicar a tantísimas familias que se están dedicando al alquiler vacacional".

La asociación asegura no entender "la urgencia que tiene la Consejería de Turismo en aprobar una ley en seis meses para regular la vivienda vacacional en Canarias" y apela al decreto del año 2015 como marco normativo. No obstante, reconoce que "los ayuntamientos no han cumplido con su parte" al no regular este modelo turístico en sus términos municipales (en el caso, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, sí se han establecido condicionantes para el desarrollo de la actividad). La presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha aseverado que "no hemos visto borrador, parece ser que no lo hay, y poco ponemos pronunciarnos"

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística ha apuntado lo que, a su juicio, son las dos grandes paradojas que vive el Archipiélago y que avalan el desarrollo de la norma que limitará el alquiler turístico. La primera es que "nos quejamos de la residencialización de las zonas turísticas y ahora resulta que estamos turistificando las zonas residenciales". Miguel Ángel Rodríguez sostiene a este respecto que "algo tendremos que hacer, mirar hacia otro lado parece que no".

La segunda paradoja, según el responsable, pasa por el polémico proceso de moratoria que aprobó el Parlamento de Canarias en 2001 y que reguló cautelarmente la construcción en las zonas turísticas para la industria tradicional. "Y, en cambio, no puso, hasta este momento, límite ninguno al crecimiento de la vivienda vacacional. Tampoco parece que encajen bien esas dos piezas en el puzle".