Canarias, zona tensionada: entre el bloqueo del PP a la Ley de Vivienda y las intenciones de los ayuntamientos del PSOE

Gran Canaria

El PP ha dado libertad a los presidentes autonómicos para aplicar o no los mecanismos contemplados en la Ley de Vivienda, entre ellas, la declaración de zonas tensionadas. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han sido claras en sus intenciones, paralizando la aplicación de la Ley a pesar de las peticiones de los alcaldes. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los pocos grandes ayuntamientos españoles gobernados por PSOE y Podemos, tanto la alcaldesa Carolina Darias como la segunda teniente alcalde Gema Martínez han manifestado su intención de aplicar la Ley.

"Tenemos un acuerdo programático", afirmó Carolina Darias. "Tenemos un Plan General que ya habla de viviendas vacacionales. Somos de los primeros municipios de Canarias a los que el Plan General le permite intervenir, pero reconozco que tenemos que seguir avanzando mucho más", añadió. "Así está mencionado palabra por palabra en el pacto de Gobierno con respecto a las zonas tensionadas. Tendremos que instar al Gobierno de Canarias a que haga algo tan audaz como cumplir y aplicar la Ley de Vivienda en una ciudad que efectivamente tiene muchos problemas de viviendas", explicó la segunda teniente alcalde, Gema Martínez

La excepción socialista: el ayuntamiento de La Laguna

Para declarar una zona tensionada se deben dar una de estas dos condiciones: el coste medio de la hipoteca o el alquiler (contando gastos) debe superan el 30 % de los ingresos medios de los hogares en esa zona. Además, el precio de compra o del alquiler en los últimos cinco años debe haber experimentado un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales, superiores al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma. La primera de las condiciones no se da en La Laguna, motivo por el cual el consistorio es la excepción entre los ayuntamientos socialistas sondeados.

"Quiero aclarar que los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística es del 23,17%", afirmó el concejal Badel Albelo en referencia a que el coste medio de la hipoteca o alquiler no supera el 30% de los ingresos de los hogares, uno de los requisitos para la declaración de zona tensionada. En otras comunidades españolas donde los ayuntamientos tienen la misma postura que el de Las Palmas de Gran Canaria, el PP está bloqueando la Ley e impidiendo la declaración de zona tensionada. Por ejemplo, en A Coruña o Getafe.

La incógnita del PP canario: ¿aplicarán la Ley?

Salvando la excepción de La Laguna, en los principales ayuntamientos se repite el patrón: consistorios progresistas solicitan zona tensionada, ayuntamientos conservadores no. En cualquier caso, digan lo que digan estos ayuntamientos, la decisión final la tiene el Gobierno de Canarias que es quien tiene que decidir si declara zonas tensionadas o no. Es decir, si aplica o no aplica la Ley de Vivienda. Puerto de la Cruz, por ejemplo, donde gobierna el PSOE con Asamblea Ciudadana, son partidarios de aplicar la Ley y declarar zona tensionada.

El PP califica la subida de precios como una decisión "inteligente" de los propietarios

La derecha canaria no tiene ninguna intención de aplicar la Ley de Vivienda. Al menos así lo ha expresado la portavoz del PP en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputada en el Congreso. "Cuando el Estado, que no tiene que intervenir en el mercado, pone un techo al precio del alquiler, lo que hacen los propietarios inteligentemente es subir el precio a ese techo", afirma Jimena Delgado. En opinión de la portavoz popular, el Gobierno tiene que impulsar la construcción de siete mil vivienda sociales en la capital grancanaria ampliando la oferta. "Lo que hay que hacer con esta Ley es derogarla", afirma.

Al Gobierno de Canarias se le pasó el plazo para recurrir la Ley al Constitucional

El presidente del Gobierno anunció que recurrirían la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas, pero finalmente no podrán hacerlo por estar fuera de plazo "Esa Ley invade determinadas competencias que le son propias a la comunidad autónoma y están recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, y a partir de este momento se va a proceder al análisis de la mejor forma de defender esa invasión en las competencias de la comunidad autónoma", matizó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a principios del mes de septiembre. Posteriormente reconocieron que se les pasó el plazo porque pensaron que agosto era un mes inhábil.