Canarias multó a un complejo turístico por alojar a 281 migrantes en 2020, en plena pandemia

El Gobierno de Canarias, a través de la viceconsejería de Turismo, multó en 2021 a un complejo turístico de Fañabé (Adeje, Tenerife) por albergar a 281 personas migrantes llegadas a través de la ruta del Atlántico en el año 2020. Según ha podido saber Radio Club Tenerife, los hechos fueron constatados en el año de la irrupción de la pandemia, que supuso un parón total de la actividad turística en buena parte del año: entre los meses de julio y diciembre el 42% de la planta hotelera se mantuvo cerrada.

El ejecutivo inició el expediente sancionador en junio de 2021 "por incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento". Hasta 74 unidades alojativas del total de 80 en el establecimiento se destinaron a un uso distinto al turístico. La acogida de los migrantes se realizó en virtud de un convenio suscrito con la Cruz Roja. El expediente fue resuelto por la viceconsejería el 2 de agosto con sanción de multa, sin embargo, se interpuso un recurso de alzada que finalmente fue desestimado por orden de la Consejería de Turismo Industria y Comercio en diciembre de ese mismo año. En estos momentos no consta que la resolución se haya recurrido vía contencioso administrativa.

Un total de 23.023 migrantes llegaron a Canarias por vía marítima a bordo de 745 embarcaciones precarias en el año 2020. Según el balance del Ministerio de Interior, esto supuso un incremento de llegadas del 756% respecto al año 2019, cuando arribaron 2.687 personas. El ejecutivo autonómico se enfrentó ese año a una nueva crisis migratoria unida a la crisis sanitaria. Las restricciones globales para evitar la expansión del coronavirus frenaron en seco la posibilidad de realizar repatriaciones, que ese año se efectuaban a cuenta gotas. Esto evidenció la debilidad de las infraestructuras en el Archipiélago para acoger a los inmigrantes.

Una de las fórmulas empleadas por el Ministerio de Migraciones (y muy criticada por una parte del sector privado) para hacer frente a la crisis fue, precisamente, alojar en hoteles y apartamentos a los migrantes. En estos recursos llegaron a estar a finales de 2020 y principios de 2021 entre 7.000 y 8.000 personas. Fue en 2021 cuando se terminó de desalojar a los inmigrantes de los complejos turísticos para ser trasladados a los campamentos y macrocentros habilitados en distintas islas.

Una polémica Ley Turística

La sanción impuesta a este complejo de Fañabé responde a la utilización no turística que se dio a las instalaciones atendido a la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias que se realizó en 2013 (a través de La Ley de Renovación y Modernización Turística, más conocida como "Ley Turística"). Esta modificación suma a las infracciones muy graves "el incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales".

No se trata de la única sanción dictada hasta el momento en Canarias. Durante la pasada legislatura se tramitaron al menos seis a propietarios de complejos turísticos que no querían alquilas sus casas, sino usarlas como residencia o segunda vivienda. Estos propietarios recibieron multas de entre 2.253 y 9.015 euros según ha revelado la Agencia EFE. Esta situación ha originado en el Archipiélago un movimiento social que pide la residencialización y que representa en buena medida la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Su presidenta, María Isabel Doreste, ha declarado en múltiples ocasiones que la norma genera inseguridad jurídica a los dueños y que considera que vulnera el derecho a la propiedad privada.

El drama migratorio en 2020

2020 fue el año del muelle de Arguineguín en Gran Canaria (también conocido como "muelle de la vergüenza"), que llegó a albergar a 2.600 personas en condiciones precarias: eran acogidos en carpas y en el lugar se les realizaba la primera asistencia y las pruebas Covid. También fue el año en el que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que la falta de previsión y preparación había incurrido en una vulneración reiterada de la legalidad: "Detenciones y privación de libertad sin amparo jurídico, falta de asistencia letrada a personas migrantes y, como causa de todo ello, una falta de identificación y atención a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y cuidado: niños que viajan solos, potenciales víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional, entre otros", llegó a apuntar la entidad en un informe.

Según la oenegé Caminando Fronteras, en 2020 fallecieron en las rutas marítimas de la inmigración intentando llegar a España 2.170 personas. La ONG atribuye a la ruta del Atlántico, la más mortífera del mundo con 45 naufragios, el 85% de esos fallecimientos.