Santa Cruz asegura que ninguna familia de Añaza se quedará en la calle

Santa Cruz de Tenerife

Un total de 93 familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado ante el Diputado del Común que se enfrentan a desahucios inminentes tras haberles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024, y la empresa pública Visocan niega haber interpuesto ninguna demanda de desahucio a ninguno de los inquilinos. Los vecinos explican que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario y que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció la posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero que Visocan se niega a llegar a un acuerdo. Ahora, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha exigido a esta empresa pública de vivienda dependiente del Gobierno de Canarias que atienda a las familias vulnerables de Añaza para que ninguna se quede en la calle.

La concejala de Acción Social, Rosario González, ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy La Portada que ninguna familia se quedará en la calle: "Lo que nos manifiesta Visocan es que quieren regularizar esta situación y que las familias que se encuentran en una situación anormal, deben tener sus contratos al día. Las familias que no los puedan abordar, cuentan con ayudas del Ayuntamiento para poder hacer frente a estos alquileres". Y es que, tal y como ha explicado González, hay dos tipos de perfil de familias: las que tenían un contrato con el anterior propietario del inmueble, el Banco Santander, y las personas que han entrado de manera ilegal, los "okupas".

El Ayuntamiento ha solicitado la intervención de una ONG

Según la versión del Ayuntamiento, Visocan ha pedido a las familias que tenían un contrato con el anterior propietario que firmen uno nuevo con la empresa pública, algo que vienen solicitando desde el año 2018 -año en el que adquirieron 358 viviendas en este barrio de la capital-. Para las que no tienen contrato, la concejala ha anunciado que, desde el consistorio, se ha solicitado la intervención de una ONG para que pueda valorar a cada una de estas familias y "nos consta que están trabajando con estas familias para buscar una alternativa alojativa o parar este procedimiento".

"La situación de la vivienda es complicada, los precios están desorbitados", ha reconocido la concejala. De hecho, Santa Cruz de Tenerife es una de las cinco provincias españolas que elevaron los precios del alquiler más de un 15%, en concreto un 16,9%. Y el precio de la vivienda en alquiler aumentó un 13,6% en Canarias en 2023 con respecto al año anterior, según datos de Fotocasa. Por tanto, desde el Ayuntamiento trabajan apoyando a las familias a través de distintas prestaciones para que puedan hacer frente a los alquileres y las hipotecas. Además, colaboran con los juzgados para que, en lo casos en los que el propietario sea un gran tenedor, "intentar paralizar esos desahucios".