Política

Canarias sacará del alquiler vacacional las viviendas de protección oficial y supedita las nuevas al planeamiento

El consejo de gobierno da el visto bueno al anteproyecto de la ley que regula esta actividad en el Archipiélago, que se somete ahora a información pública

simon2579

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha anunciado que el borrador de la ley que regulará el alquiler vacacional prevé que no se puedan dar de alta más viviendas de uso turístico si no figuran en los planeamientos de los municipios. Igualmente, tendrán que salir de esta modalidad de alquiler aquellas que hayan sido de promoción pública, como es el caso de las Viviendas de Protección Oficial. De esta manera, una de las claves de la nueva normativa es que la vivienda de uso turístico o vacacional solo es admisible y compatible con el uso residencial y de vivienda si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico estableciendo su ordenación pormenorizada.

Jéssica de León: "Las viviendas de protección oficial no pueden ir al alquiler vacacional"

Igualmente, la responsable canaria de Turismo ha anunciado su intención de trabajar en la firma, lo antes posible, de un protocolo con las diferentes plataformas de comercialización de este tipo de alojamientos turísticos para poner coto a las ofertas irregulares.

De León hizo hincapié en la importancia de recuperar el equilibrio entre la actividad turística y el residente “especialmente en lo relativo a los modelos urbanísticos, territoriales y ambientales establecidos para cada una de las islas, teniendo en cuenta que la prioridad es el bienestar de la ciudadanía canaria, pues solo garantizando su calidad de vida se podrá trabajar adecuadamente en procurar la felicidad de los turistas que nos visitan”.

Trámite de Audiencia

La consejera anunció este lunes que el próximo miércoles, 3 de abril, se iniciará el preceptivo trámite conjunto de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, uno de los principales compromisos políticos para la presente legislatura.

De León subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “se trata de una ley que tiene marcado carácter transversal, pues aborda no solo competencias turísticas, sino también de vivienda, urbanismo, medioambiente, protección del territorio y de los consumidores, por lo que es una norma que implica a todo el Gobierno de Canarias, aunque ha sido liderada por la Consejería de Turismo y Empleo”.

La consejera explicó que la finalidad del Ejecutivo autonómico es garantizar la mayor participación de la ciudadanía “para la que será la primera ley de la comunidad autónoma sobre esta materia”, un texto que actualizará la normativa vigente que data del año 2015.

Más del 37% de la oferta

Además, la titular del área de Turismo y Empleo indicó que “en tan solo ocho meses hemos elaborado una ley que viene a dar respuesta a un fenómeno que supera ya el 37% de la oferta alojativa que existe ahora mismo en Canarias”. Según las cifras oficiales, a 1 de abril de 2024, hay 54.227 viviendas vacacionales en el archipiélago.

Más información

Tal y como adelantó, desde el miércoles, 3 de abril, y durante veinte días hábiles, hasta el 2 de mayo, el texto legal se someterá a audiencia e información pública para recibir todas las aportaciones que puedan enriquecerlo. De este modo, tras las reuniones sectoriales mantenidas en las últimas semanas dentro de la ronda de consultas que se iniciaron para conocer la opinión de diferentes sectores profesionales e instituciones públicas, el texto del anteproyecto estará a disposición de la ciudadanía en el portal web de Transparencia.

Además, se prevé mantener reuniones informativas complementarias con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y con los cabildos insulares.

Con posterioridad, una vez analizadas las aportaciones recibidas, la Consejería de Turismo y Empleo solicitará los informes preceptivos y posteriormente se elevará el texto definitivo al Consejo de Gobierno para su aprobación. A partir de ahí, el proyecto de ley llegará al Parlamento de Canarias para su debate y votación.