La Asociación de alquiler vacacional lleva al Gobierno de Canarias a la justicia por negarles información sobre la nueva ley
Denuncian que no les han facilitado datos relativos a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura
(CADENA SER)
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV ha llevado a los Tribunales de Justicia a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura Ley que prevén aprobar en relación con las viviendas vacacionales. Ya ha sido admitida a trámite la demanda de ASCAV contra la Consejería de Turismo por inadmitir el acceso a la consulta pública, tramitándose actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El 7 de diciembre de 2023, ASCAV solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, solicitando que se entregaran debidamente anonimizadas. Pues bien, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, ha indicado que la Consejería de Turismo "negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la Ley de Transparencia, a saber: que no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones” (cuando lo cierto es que las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de “nombre y apellido”, con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones -que era lo que se solicitaba- obviando los datos personales, como no podía resultar de otra manera).
Doris Borrego: "Se escudan en que no pueden anonimizar las alegaciones"
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Un informe demasiado general
Frente a ello, según ASCAV, la Consejería "se ha limitado a realizar un 'Informe definitivo de la necesidad normativa' que es una auténtica 'Oda a la Restricción' o 'Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional' redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa anti-vivienda vacacional". En ese informe, han señalado a través de un comunicado "la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia Consejería, pero sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas".
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Pero lo que es más grave, el Gobierno de Canarias ha ocultado a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura Ley.
Se amparan en la Ley de Transparencia
Según argumenta ASCAV, "la Ley de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública) establece como principio general que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico” (art. 35), estableciéndose además que tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.) (art. 37) sin que en ninguna de dichas causas conste “no disponer de medios”, como argumenta el Gobierno de Canarias".
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