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"Pedradas y balonazos": el acoso que sufre un niño empuja a su padre a dejar de escolarizarlo durante un mes

Un alumno de quince años lleva un mes sin ir a clase a consecuencia del acoso que sufre: balonazos y pedradas. Un acuerdo entre Educación y su padre acaba de zanjar el asunto, evitando al mismo tiempo la polémica en los medios de comunicación

Acoso escolar (archivo) / Justin Paget

Canarias

El caso ha abierto un debate sobre los límites éticos y legales, cuestionando el funcionamiento de los protocolos para combatir el acoso escolar en Canarias y al mismo tiempo, la responsabilidad de los padres al respecto. Una víctima de acoso escolar ha estado casi un mes sin ir a clase por decisión de su propio padre. Testigo del sufrimiento de su hijo, decidió advertir al instituto de la situación que estaba viviendo, y al mismo tiempo, dejar de llevar al menor al centro educativo. Los alumnos canarios son los que sufren más acoso escolar de toda España, en concreto, un 10,2%, superando la media nacional que se sitúa en un 6,5%, según el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La familia informó al instituto de la situación de acoso y el centro activó el protocolo, pero el padre no alertó al Servicio independiente de Prevención y ayuda contra el acoso escolar (SPACAE) previsto para casos como el suyo, sino que acudió directamente a los medios. Según ha hecho público su propio padre, la víctima recibía insultos, balonazos e incluso pedradas durante las excursiones fuera del centro y por eso decidió no llevarlo más a clase. De persistir en su actitud de no escolarizar al pequeño, el padre se expondría a una declaración de riesgo por parte de la Fiscalía de Menores, que podría acabar en desamparo para el adolescente.

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El objetivo de su padre -que también fue víctima de bullying cuando era niño- era supuestamente dar visibilidad a la situación de los menores que sufren bullying, y al mismo tiempo, proteger a su hijo de algo que define como "el infierno". Sin embargo, lo hizo incumpliendo la obligación legal de escolarizar a su hijo y sin activar los recursos a su disposición. Tras hacer público su caso en los medios de comunicación, la consejería de Educación llegó a un acuerdo con él. Ahora su hijo volverá a clase para iniciar un procedimiento de mediación con el acosador. De este modo, Educación pretende evitar que la polémica trascienda a los medios de comunicación. "Es un error que cometen muchas familias, solucionar estos asuntos en los medios de comunicación, que no los consideramos interlocutores válidos", llega a decir el director general de Inclusión del Gobierno de Canarias.

Así funciona el protocolo de acoso escolar en las aulas de Canarias

La consejería de Educación del Gobierno de Canarias dispone de un exhaustivo protocolo para actuar en estos casos. Tras la notificación de la situación que sufre la víctima, en los primeros cinco días, además de dar parte a Educación, el centro debe entrevistar a la víctima y a sus padres. Con el objetivo de ser un sistema garantista, el protocolo prevé un segundo control independiente, el SPACAE, que debe activarlo la familia. Una vez avanzado el procedimiento y detectada la gravedad del caso, se inician las mediaciones para lograr una salida positiva. Si no es así, puede llegar a aplicarse el procedimiento disciplinario aprobado en 2011 por el que se regula la convivencia en las aulas y expulsar definitivamente al acosador.

David Pablos, director general de inclusión de Canarias

David Pablos, director general de inclusión de Canarias

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Los expertos en mediación escolar consultados por la SER confirman que en la mayoría de los casos, el protocolo funciona, sobre todo cuando intervienen los propios alumnos. "Cuando el centro determina que no hay acoso -o la familia no está conforme- siempre tienen la opción de acudir al SPACAE, que es un equipo externo especializado que puede asesorar, acompañar y supervisar a las familias para determinar si hay acoso escolar o no", explica David Pablos, director de Inclusión del Gobierno de Canarias. En este caso, el padre de la víctima no activó ese protocolo, por lo tanto, no se produjo un seguimiento por la doble vía. Por parte de Educación, tampoco se cumplieron los plazos previstos en el protocolo para resolver el asunto con la mayor celeridad y eficacia posibles.

La intervención de los servicios sociales ante el absentismo escolar

El padre de la supuesta víctima ha recibido diariamente las notificaciones del instituto con las faltas sin justificar de su hijo, arriesgándose a que el centro diera parte a los servicios sociales. "Como hablamos de una falta de asistencia por una supuesta situación de acoso escolar, se actúa desde el propio centro advirtiendo a los servicios sociales", explica David de Pablos. "Además, no todos los conflictos son acoso escolar", puntualiza. "En este caso el centro ha seguido los protocolos", aunque no han resultado del todo eficaces. "Tenemos cerca de mil centros educativos en Canarias y todos tienen autonomía en la gestión pedagógica y administración", añade. No obstante, el responsable de inclusión no tuvo conocimiento del caso hasta que llegó a los medios de comunicación.

En los casos de éxito, el equipo de gestión de convivencia de cada centro tiene un papel fundamental. "Se hace un estudio de la situación y se determina si se dan los parámetros técnicos para que sea considerado acoso, es decir, que haya un abuso de poder manifiesto sostenido en el tiempo", explica de Pablos. En caso de que no se cumplan esos parámetros, se considera una situación de conflicto, pero no un caso de acoso escolar. Mientras todo eso ocurre, el niño sigue sufriendo. "A esta familia se le ofreció acudir a un servicio externo con psicólogos y especialistas en materia de acoso escolar y lo desestimaron", insiste la consejería.

La zona de sombra: detectar una situación de acoso oculta dentro del grupo

El alto cargo del Gobierno de Canarias reconoce que los plazos no siempre son lo ágiles que las familias requieren. "Somos totalmente comprensivos y empáticos con las familias, haya o no haya acoso. Una simple situación de conflicto afecta a las familias, aunque sea una riña de un día. Total respeto y comprensión hacia las familias", explica de Pablos, que reconoce la dificultad para detectar el acoso. "El acoso suele ser difícil de detectar. Es mucho más fácil detectar una agresión puntual, porque las personas acosadoras hacen todo lo posible para no ser detectadas. Ser conocedor de esa situación suele ser muy complicado", se justifica.

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Aunque el procedimiento disciplinario aprobado en 2011 por el que se regula la convivencia en Canarias contempla situaciones graves, como la expulsión definitiva del acosador, lo ideal es encontrar medidas conciliadoras. "Apostamos siempre por evitar las medidas sancionadoras, aplicando las acciones educativas. Nuestra misión no es sancionar, aunque hay situaciones en las que no queda más remedio", añade. La consejería de Educación cuenta con equipos técnicos extraordinarios que desarrollan este trabajo desde hace décadas, en cada uno de los centros educativos de Canarias y con independencia total de los responsables políticos de turno. Aunque no siempre estos técnicos pueden actuar con libertad.

Las críticas del Juez de infancia: "se tiende a encerrar los casos en los centros"

El único Juez de España que lidera un proyecto piloto especializado en Infancia está transformando completamente la sociedad, implementando la sensibilidad con la infancia de la que carece la justicia. En octubre del año pasado, el magistrado advirtió acerca del mal funcionamiento de los protocolos de Educación. "El acoso escolar es una figura muy particular y que a nosotros nos genera cierta preocupación, por el modo en que se ha venido abordando", explica el Juez. "Tenemos un intenso conflicto entre la norma y el protocolo. La norma establece el deber de comunicar por parte de los profesionales estos hechos a la Policía, Ministerio Fiscal o Juzgado de Guardia, y frente a esto, nos encontramos con unos protocolos que tratan de encerrar esos hechos dentro del ámbito educativo, basándose en el principio de oportunidad, es decir, en la omisión de la denuncia", señaló Tomás Martín meses antes de que trascendiera este caso.

Las críticas del Juez de infancia: "se tiende a encerrar los casos en los centros"

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El magistrado insistió en que debe haber una mayor coordinación y un conocimiento mutuo, y no "centrarnos en automatizar declaraciones de víctimas de acoso escolar", en el interior de los centros, añadió. "Cuando descubres que al abordar uno de estos casos, detrás hay hechos muy graves que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo", explicó el Juez. Martín también puso en valor el incremento en la sensibilidad que se está produciendo en la sociedad con los casos de acoso escolar, lo que ha disparado también el número de denuncias que se producen por hechos como estos.

Educación insiste en resolver el asunto internamente, evitando ser fiscalizada por los medios

Las críticas del Juez contrastan con la insistencia de la consejería de Educación de resolver estos asuntos de forma endogámica. "Entendemos que son cuestiones que deben solventarse dentro de la consejería de Educación y no en redes sociales o en prensa. Nosotros no consideramos interlocutores válidos a los medios de comunicación para solventar conflictos con los centros ni con las administraciones, hay vías de comunicación internas que son las que se deben seguir en este tipo de casos", explica David de Pablos, insistiendo en encerrar los casos de acoso escolar dentro de los centros y obviando con ello el papel fiscalizador que tienen los medios de comunicación en una democracia.

Fiscalía podría decretar riesgo y acabar en desamparo ante la actitud de su padre

En los casos de acoso la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial interviene si se interpone denuncia. "Entonces, se oficia al instituto para que informen sobre las medidas que han adoptado en orden a solucionar la situación y al SPACAE, en el caso de haberse activado el protocolo de acoso escolar", explican fuentes de la Fiscalía a la SER. "Solo se formulan alegaciones por acoso escolar cuando está claramente determinado el tipo penal. Si el menor acosado no está yendo a clase y es menor de 16 se puede valorar abrirle un riesgo", explica la Fiscalía. "Se trata de un expediente en que se involucra a la Dirección General para que atienda al chico y decida si debe declarar el desamparo o tomar alguna medida menos invasiva", concluyen estas fuentes.

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Javi Rodríguez

Javi Rodríguez

(La Palma, 1991) Periodista vinculado a la Cadena SER en Canarias desde el año 2009, apasionado de los...

 
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