"Trabajamos para Cruz Roja y tenemos que pedirle comida": Los socorristas de Canarias amenazan con ir a la huelga en verano

Según Canarias, 1500 km de Costa, 71 personas perdieron la vida ahogados en las islas en el año 2023, lo que supone un 4% menos que en 2022, donde murieron 74 y siete más que en 2021, con 64 fallecidos. Los datos siguen siendo preocupantes y es por eso que las administraciones promueven campañas de prevención y actuaciones que se centran en intentar minimizar los accidentes en las playas y costa, ya sea de heridos o de víctimas mortales.

Además de rescatar a las personas y salvar vidas, otro reto al que se enfrenta el gremio de los socorristas es la mejora de sus condiciones laborales. En una entrevista en Hoy por Hoy Tenerife, David Molina, portavoz de Sindicato de Socorristas Islas Canarias, explica que las administraciones "están ahogando a los propios socorristas."

"Cobramos el SMI por salvar vidas"

¿Por qué es un sector tan precario? "Somos trabajadores que estamos muy quemados, aguantando mucha precariedad. Nos jugamos la vida para salvar a personas desconocidas Pasamos frio, nos quemamos la piel, tenemos ansiedad, etc.", explica Molina, quien reivindica que "deberíamos ser pioneros en el socorrismo en Europa."

Bajo su punto de vista, las administraciones "no valoran ni respetan" el trabajo que desempeñan: "Hay muertes que son evitables, estamos hablando de vidas. Cobramos el salario mínimo por jugarnos la vida para rescatar a una persona que se puso en peligro por no tener sentido común, y eso no se valora ni se respeta. No estamos sentados y ya está. "Puntualiza Molina que "hay otras comunidades autónomas que han mejorado" pero que "aún queda la lucha nuestra."

Situación límite

Denuncian que las condiciones laborales en las que trabajan "son gravísimas" y que "están al límite". Es por eso que se plantean ir a la huelga en los próximos meses: "Este verano estamos coordinándonos para hacer un parón."

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Además, el portavoz reconoce que no llega a fin de mes y que hay compañeros "que tienen que ir a Cáritas a pedir comida". Cruz Roja es una multinacional en la cual hay muchos trabajadores, y propios de esos trabajadores tienen que pedir comida a esa organización o a otras, explica Molina en la entrevista.

"El convenio colectivo es algo que no se ha puesto sobre la mesa, queremos conseguir un convenio creado por nosotros, no por una empresa externa. No tenemos un convenio propio y se nos trata como un monitor de gimnasio, y eso no tiene nada que ver", comenta David Molina, quien añade que les sacaron de ese convenio y ni Cruz Roja ni los ayuntamientos han hecho nada por solventar la situación.

Solicitan que las administraciones tengan en cuenta el valor y la importancia de la labor que desempeñan y poder crear un convenio que recoja los derechos a los que deben acogerse.

Vigilancia en las playas

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley del PSOE, respaldada por Nueva Canarias y Vox, a la que se opusieron sin éxito los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias, en la que se pide al ejecutivo que reconozca la deuda contraída con los municipios de menos de 20.000 habitantes por los servicios "prestados indebidamente" en materia de seguridad y vigilancia en las playas.

La propuesta ha salido adelante con 31 votos a favor y 26 en contra, en un salón de plenos con 13 diputados ausentes y en el que estaba presente solamente un consejero del Gobierno, el titular de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda. La iniciativa hace alusión a la anulación por parte del Tribunal Supremo del decreto 116/2018 por el que se impuso la asunción de este servicio a los municipios costeros menos habitados.

En ella se solicita además el impulso del anteproyecto de ley reguladora de la materia, una ficha financiera para la prestación del servicio y criterios de reparto, un procedimiento de adhesión al acuerdo por parte de los ayuntamientos afectados y la asunción, de forma transitoria, de la gestión directa por parte del Gobierno de Canarias hasta la aprobación de la normativa o de medidas de compensación para los municipios que mantengan este servicio.