Canarias trabaja en una empresa pública de energía para reducir la millonaria factura de la luz de las administraciones

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha iniciado los trámites para modificar la Ley autonómica de Cambio Climático, uno de los proyectos estrella del anterior ejecutivo del Pacto de las Flores. El objetivo principal, según el consejero de Transición Ecológica, pasa por la simplificación burocrática de la norma para acelerar la descarbonización de las islas y aumentar la presencia de energías renovables. La Ley Nacional Integradora de Energía y Clima fija como meta de aquí a 2030 un 58% de penetración de las renovables. Sin embargo, el Archipiélago solo presenta un 20%.

Paralelamente a la modificación de la norma, el ejecutivo quiere seguir la estela de Andalucía y crear la Empresa Pública Canaria de la Energía. Esta se propone como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad (a través de fuentes energéticas renovables) para los entes públicos del Archipiélago. El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, ha detallado en Hoy Por Hoy La Portada los fines de esta empresa pública que puede emerger en las islas. "La creamos para ser más eficaces en la Administración", señala el dirigente cifrando en 36 millones de euros la factura anual de electricidad que paga la comunidad autónoma.

Reducir la factura y participar en renovables

Zapata matiza que el reciente contrato firmado para el suministro va a permitir un ahorro de unos 10 millones de euros, aunque "con esta empresa pública queremos poder desarrollar renovables que nos permitan reducir esa factura eléctrica". Son los primeros que deben dar ejemplo, apunta desgranando todos los focos de consumo de luz que tiene que abonar la comunidad: desde hospitales y colegios hasta las sedes de consejerías: "Tenemos que desarrollar fotovoltaica sobre las administraciones públicas". De lograr rebajar los costes, el dirigente también plantea la posibilidad de verter a la sociedad los "sobrantes" energéticos producidos "para que vean beneficios directos de la gestión del Gobierno de Canarias".

Otro de los grandes objetivos de la empresa sería la participación en proyectos de renovables. La Ley de Cambio Climático ya obliga a que toda instalación de más de dos megavatios en el Archipiélago cuente con una oferta pública del 20% de las acciones según señala el consejero. Es decir, "que cualquier canario pueda comprar acciones para verse beneficiado". Es uno de los nichos, insiste Zapata, en los que podría intervenir la Empresa Pública Canaria de la Energía. Por último, plantea la posibilidad de ejercer como un ente asesor en la adaptación y mitigación del cambio climático.

Reunión clave con Endesa

Disa y Sampol serán las compañías encargadas de instalar los sistemas de generación eléctrica para evitar nuevos apagones y ceros energéticos en el Archipiélago como los sufridos en Tenerife y La Gomera en los últimos años. Tras el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, la Consejería estima que los trabajos puedan comenzar a final de año o el inicio de 2025. Mientras llega esta solución, un parche al déficit de potencia instalada del que ya alertaba un informe de Red Eléctrica en 2021, el Archipiélago se enfrenta a un nuevo pico de consumo este verano.

El consejero reconoce que habrá "posibles situaciones difíciles que probablemente tengamos que atravesar en verano". En consecuencia, este jueves mantendrá una reunión con Endesa para establecer un plan de contingencia en caso de sufrir nuevos ceros energéticos: "Que esté todo claro, blanco sobre negro".