"Una anciana atada a una silla me pidió unas tijeras": la Fiscal de mayores de Canarias exige el fin de las sujeciones en residencias

Canarias

Rosa Rubio es una de las fiscales más comprometidas con la necesidad de desarrollar un modelo de residencias basado en la atención centrada en la persona, eliminando las sujeciones mecánicas y farmacológicas con las que todavía se retiene a muchas personas mayores en España. "En una ocasión, durante una inspección, me encontré con una señora atada a una silla que me llamaba una y otra vez", rememora la Fiscal delegada de mayores de la provincia de Las Palmas. "Me preguntó si tenía unas tijeras, las quería para cortar las ataduras que la sujetaban a la silla", explica Rubio. El objetivo era evitar que la señora se escapara de la residencia. Un modelo de sujeción obsoleto para el que existe una instrucción expresa de la Fiscalía General del Estado: dentro de un año este tipo de situaciones ya no pueden existir. Lo deja bien claro la instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado, la práctica de sujetar física o farmacológicamente a las personas en las residencias debe desterrarse. La fecha propuesta por el Consejo de Servicios Sociales es junio de 2025, pero difícilmente podrá cumplirse.

Mayores atados y sedados en camas y sillas durante horas

Atar o sedar a una persona mayor en una cama es un procedimiento legal, pero que atenta contra los Derechos Humanos que asisten a esas personas. A lo largo de su trayectoria, Rosa Rubio ha hecho visitas a residencias "que eran auténticos aparcaderos de personas mayores donde prácticamente se les daba de comer y se les dejaba en el sofá y no se les atendía en absoluto", rememora Rubio, que insiste en que este tipo de prácticas no son generalizadas y en que la mayoría de residencias cumplen con los estándares de calidad exigidos.

"Son residencias que afortunadamente ya se han cerrado y residencias que me preocupan que deberían cerrarse o tomarse medidas más drásticas", explica la Fiscal, que señala cómo la falta de personal ha sido un problema habitual en las inspecciones. "Para el año que viene hay un gran reto, todas las comunidades autónomas llegaron al acuerdo de eliminar las sujeciones en las residencias y en un año habrán tenido que ser aprobados todos los planes para eliminar esas sujeciones", objetivo que Rubio duda de que se pueda cumplir.

El caso de Canarias: tres inspectores para cientos de residencias

En Canarias hay 442 recursos para personas mayores y con discapacidad de diferentes tipos y solo tres inspectores para todo el Archipiélago. Dos en la provincia de Las Palmas y uno en Santa Cruz de Tenerife. En 2021 inspeccionaron 69 centros, es decir, solo un 16% del total. En el 2022 y 2023 las cifras fueron igual de malas, llegaron solo al 24% de los recursos, por lo que mas del 70% de los recursos nunca fueron inspeccionados por el Gobierno quedando en una peligrosa zona de sombra donde solo alcanzan los también escasos recursos de Fiscalía.

Mas de la mitad de las residencias no son inspeccionadas por el Gobierno ni si quiera una vez al año. Según los datos oficiales recabados por la SER, alrededor del 60% de los centros asistenciales para personas con discapacidad y personas mayores no llegan a ser inspeccionados por la consejería de Bienestar Social de Canarias. A penas alcanzan al 30%, porque a cada inspector le corresponden 147 centros. Para lograr llegar a todos, cada inspector debería visitar al menos tres residencias a la semana, suponiendo que trabajaran todas las semanas al año, objetivo absolutamente imposible.

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Además, mas del 60% de estos recursos son de titularidad privada. La consejería aclara que "hay personal técnico auxiliar que realiza visitas que, sin llegar a ser inspectores stricto sensu, sirven de apoyo a los inspectores", dos para cada provincia. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece tres plazas de inspectores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cuatro en Las Palmas, es decir, no existe la intención o la posibilidad de ampliar este servicio de inspección si no se modifica esa relación.

Solo tres sanciones en tres años por incumplir la normativa

En cuanto a las cargas de trabajo, se prevé que cada inspector de la comunidad autónoma realice al menos una inspección por semana, "sin embargo, existen funciones adicionales que deben cumplir los inspectores y el personal técnico auxiliar que impiden cumplir rigurosamente esa condición", aclaran también desde el Gobierno, reconociendo que les resulta imposible. Solo se han impuesto tres expedientes sancionadores en tres años y únicamente en centros residenciales para mayores, por incumplir la normativa en distintos aspectos.