El Parlamento de Canarias pide al Gobierno regional abrir los centros de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual antes de fin de año

Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que se coordine con el resto de administraciones públicas competentes para poner en funcionamiento los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual impulsados por el Gobierno de España y previstos en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual antes del 31 de diciembre de 2024.

La iniciativa, defendida por la diputada socialista Elena Máñez, insta al Gobierno de Canarias para, en colaboración y coordinación con el resto de las administraciones públicas competentes, fortalecer, en su ámbito de competencias, tanto a nivel normativo como presupuestario, las políticas de igualdad y las medidas de prevención y lucha contra la violencia sexual y de género, así como las medidas de atención, protección y reparación integral de las víctimas.

También se pide garantizar en los próximos presupuestos de 2025 la suficiencia financiera del Instituto Canario de Igualdad, revirtiendo los recortes sufridos en el presente Ejercicio, así como tomar las medidas necesarias para que los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual comprometidos por el actual Ejecutivo, y que están previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS) entren en funcionamiento dentro del plazo establecido, antes del 31 de diciembre de 2024.

Antes de final de 2024

Lo cierto es que el Instituto Canario de Igualdad ha adquirido ya dos espacios para ubicar estos centros, ambos son locales comerciales que se encuentran en las plantas bajas de edificios, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Vecindario, en Gran Canaria. Estos espacios deben abrir antes del 31 de diciembre, pero las características no se ajustan a los pliegos que se requerían para el concurso, ya que se especificaba que debían tener recursos alojativos, además de las oficinas y despachos.

Carina González, directora del Instituto de Estudios de las Mujeres en la Universidad de La Laguna, explica la importancia de abrir estos centros y de seguir educando en igualdad: "Representa para la sociedad una respuesta a esa violencia sexual y pone de manifiesto que las políticas publicas pueden y deber adaptarse para proporcionar un apoyo especializado sin que se requiera una denuncia previa y esto es indispensable para las víctimas de violencia sexual."

Políticas transversales

La diputada socialista indicó que en Canarias todavía no se ha abierto ninguno de los centros comprometidos por parte del Gobierno regional, que tienen que estar abiertos y en pleno funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año, y no solo con las infraestructuras, sino también con el personal necesario.

"Traemos esta PNL ante la preocupación de que no se hagan realidad estos centros en Canarias. Pero no basta solamente con garantizar que se atienda esta demanda, sino que el Gobierno de Canarias también lleve a cabo políticas integrales que aborden las causas que siguen perpetuando esa violencia sexual hacia las mujeres, y que, para ello, el Instituto General de Igualdad revierta los recortes que sufrió en 2024", alertó.

Para Máñez, es necesario que el Organismo de Igualdad lidere e impulse esas políticas transversales en educación y a la juventud que contribuyan a generar ese cambio en la percepción sobre la violencia sexual que todavía sufren las mujeres, por lo que hay que trabajar con la juventud y no solamente con campañas.

En este sentido, recalcó que los centros de crisis para la atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual son un compromiso del Gobierno de España en el marco de la ley conocida como del solo sí es sí, que a su vez da también da cumplimiento al Convenio de Estambul, que permite atender a las víctimas de violencia sexual y a las supervivientes de la violencia sexual mayores de 16 años, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente como en el pasado.