Las tres claves del pacto secreto que somete al CD Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

La exclusiva más buscada. El contrato de sindicación de acciones del Club Deportivo Tenerife fue rubricado el 19 de septiembre de 2022, solo unas semanas después de la visita institucional del representativo al Vaticano. El llamado Pacto de Roma propició el cierre de la presidencia de Miguel Concepción y la implantación de un nuevo modelo deportivo, con Paulino Rivero nombrado sucesor del jerarca palmero (con un perfil no ejecutivo) y la presencia en la distancia de un hombre al que cedieron todo el poder: José Miguel Garrido Cristo, quien acapara desde entonces el 100% de la responsabilidad en la parcela futbolística a través de la empresa Eolus Capital Ltd.

1. Fuerza de ley. Las partes implicadas en el proceso declararon ante la notaria que «los pactos que forman parte del acuerdo tienen fuerza de ley para todos los comparecientes», exponiéndose además «a cumplirlos fielmente». En especial y de forma expresa, se comprometieron a respetar el régimen acordado en relación a la transmisión de acciones y a su posterior participación en los órganos del club. El pacto obligaba a sus participantes a aceptar la renuncia o votar a favor del cese del entonces máximo mandatario Miguel Concepción; y a continuación ir incorporando a otros miembros al consejo hasta completar la cifra de seis. El documento ponía como fecha tope para el relevo en la cúpula blanquiazul el 31 de diciembre de 2022 (el nombramiento de Rivero se produjo dos semanas antes, concretamente el 14 del mismo mes en una Junta General Extraordinaria).

2. La empresa Eolus. «Las partes reconocen que es atribución exclusiva de Eolus [la empresa de Garrido], como accionista sindicado principal, la de fijar la política deportiva de fichajes». Dicho de otro modo, los accionistas participantes del acuerdo dejaron en manos del inversor foráneo –y con plenos poderes– el control absoluto de las determinaciones que se adoptasen desde entonces en relación al primer equipo blanquiazul y también a su cantera. Aunque las partes se comprometen a hacer «los mejores esfuerzos para que las decisiones» sobre el nombramiento de los consejeros estén presididas «por el necesario consenso», el documento establece que cada parte será responsable de una cuota o cupo del consejo de administración. Garrido se quedó con tres sillones en este órgano rector, Achi con uno, Conrado González con la suya y Concepción, con otro representante de los seis (ahora son solo cinco, por la dimisión de Alba Aula).

3. Las penalizaciones. «En caso de producirse cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en este acuerdo, la parte incumplidora deberá de indemnizar al resto de accionistas sindicados con un importe de 1.000.000 (un millón de euros) por cada incumplimiento, que se atribuirá o distribuirá a la parte o entre las partes cumplidoras en proporción a sus respectivas acciones sindicadas». En la redacción, hay un matiz importante. Quien traicione el acuerdo deberá pagar un millón por cada «incumplimiento». Es ésta una cuestión fundamental. El acuerdo caduca el 5 d enero de 2028.

Escritura de sindicación

—  «En caso de producirse cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en este acuerdo, la parte incumplidora deberá de indemnizar al resto de accionistas sindicados con un importe de 1.000.000 (un millón de euros) por cada incumplimiento»

Los números

Según ha podido confirmar la SER, en el acuerdo se produce la venta de 23.223 acciones (sobre 18.000 de las mismas, había constituido un derecho real de renda sin desplazamiento de la posesión en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social).

Almacenes Número 1, la empresa de Amid Achi, sindicó 5926. Mientras tanto, Conrado González (aunque quien firma es su hermana, Carmen María González) puso al servicio del acuerdo un total de 1.482 títulos.

Concepción conservó la titularidad de 1.000, la empresa de Amid se quedó con 11.057 y la de Conrado González, con 2.871.

El detalle

En el momento de la rúbrica de la escritura, la notaría hace constar que José Miguel Garrido, administrador único de la empresa Eolus Capital Ltd., no tiene la nacionalidad española. El empresario de origen madrileño comparece con domicilio fiscal en Londres y documentación británica. De hecho, se anota al término del documento -en las páginas finales- que están en los trámites para conseguir NIF español. Llamativa anecdóta que explica cómo llaman a Garrido los empleados del club: el inglés.