La crisis de la vivienda se ceba con Canarias: las personas esperando por una casa protegida casi se han duplicado

Santa Cruz de Tenerife

La crisis de la vivienda se ceba con Canarias. Según el último barómetro del Observatorio del Alquiler (Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Alquiler Seguro) el precio de los arrendamientos alcanzó los 1.107 euros de media en el segundo trimestre del año, el quinto dato más alto del país. La presión es mayor en la provincia de Las Palmas (1.128 euros), donde cada oferta cuenta con 141 interesados. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta 114 personas compiten por cada casa y el precio medio es de 1.083 euros. Las subidas también son notables en la venta. En el primer trimestre del año el incremento de los precios fue del 12,4% en el Archipiélago respecto al mismo trimestre de 2024.

La cifra casi se ha duplicado en cinco años

La consecuencia de este encarecimiento constante es clara: el número de solicitantes de vivienda protegida no para de crecer en las islas. Más de 30.000 personas se encuentran ahora mismo inscritas en el Registro de Demandantes de la comunidad autónoma según ha revelado en la SER el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) Antonio Ortega. La cifra prácticamente se ha duplicado en cinco años. En 2020 eran 17.000 y en 2023 hasta 20.900. A principios de este 2025, en enero, eran 27.000

Los solicitantes en lista de espera demandan tanto viviendas de promoción pública como de promoción privada. En el caso de las públicas, en régimen de alquiler porque el ejecutivo autonómico prohibió la venta con su primer decreto anticrisis en 2024. En el caso de los inmuebles privados, con precios máximos reglamentarios, sí se puede solicitar tanto el alquiler como la compra.

"Hay que mitigar los efectos perversos"

La situación es de "emergencia" tal y como reconoce Antonio Ortega desde el ICAVI: "El Gobierno de Canarias está poniendo todos los medios que tiene a su disposición". Entre las medidas puestas en marcha, además de la construcción prácticamente paralizada en las últimas décadas, se encuentra un programa de ayudas contra la despoblación en el entorno rural. Este está dirigido a los municipio de menos de 20.000 habitantes y permite acceder a 5.000 o 10.000 euros para rehabilitar casas públicas en desuso o acondicionar las privadas. También las subvenciones generales al alquiler o a la adquisición de la primera vivienda para los jóvenes de menos de 35 años.

"Estamos en una profunda crisis habitacional en todo el territorio nacional. Canarias no es ajena. Hay que poner distintos mecanismos en funcionamiento para, en los próximos años, mitigar los efectos perversos que está teniendo en los ciudadanos", concluye Ortega.