Clavijo negociará el control de AENA y subidas salariales para Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Canarias ha aprobado hoy el borrador del 'decreto canario' que contiene la bonificación del 60% de IRPF para los palmeros y los cien millones para la reconstrucción, pero incorpora también infinidad de asuntos pendientes con Canarias. El texto se justifica en cuatro grandes razones: la crisis derivada de la erupción volcánica en La Palma, el fenómeno migratorio creciente en el Archipiélago, el despoblamiento de las islas verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera) e incluso el crecimiento poblacional y la presión sobre los servicios en las islas orientales. Todo ello, con la defensa de las necesidades específicas del conjunto del Archipiélago como región ultraperiférica.

El decreto no pretende solo ser un texto legislativo, sino marcar las líneas estratégicas de la política de Canarias en los próximos años en su relación con el Estado. Apela a la justicia territorial, no a privilegios, y exige el cumplimiento de derechos ya reconocidos. Incluye aspectos sociales y económicos, necesidades relacionadas con la ultraperiferia e insularidad o infraestructuras. Además, establece el reconocimiento del fenómeno migratorio como un desafío nacional, no solo regional, lo que implica que el Estado debe asumir responsabilidades compartidas en la acogida y atención.

Los aspectos económicos del decreto

La propuesta de Canarias es mantener la bonificación del 60% del IRPF a los palmeros hasta el año 2028 y extender esa bonificación a El Hierro y La Gomera. Según ha podido saber la SER, se propone la bonificación del 50% de la cuota patronal de la Seguridad Social en las tres islas para los contratos indefinidos y de sustitución por bajas, como ya ocurre en Ceuta y Melilla. En lo tocante al empleo, incluiría cincuenta millones del Plan Especial para La Palma en 2026, extensible a 2027 mediante un convenio con el Gobierno de Canarias.

En lo relativo al transporte, otro asunto fundamental para Canarias, se exige el mantenimiento de la bonificación del 75% en billetes marítimos con la península, igualando los interinsulares que hasta ahora se bonificaba con el 50%. También el trasporte terrestre totalmente gratuito en 2026 y 2027 a través de una subvención nominativa de 47,5 millones del Ministerio de Transportes. Finalmente, se plantea el mantenimiento del Fondo de Compensación Interterritorial dotado con 432 millones de euros, la bonificación a las navieras y la participación de entidades locales en los tributos del Estado.

Los aspectos más sociales de la propuesta

En cuanto a las retribuciones salariales, el decreto canario plantea un incremento adicional del 2% a los salarios bajos del sector público y bonificaciones en el sector privado para las mejoras salariales. También se plantean mejoras en el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), incorporando a las administraciones locales en su tramitación y la exención del IRPF del complemento de las pensiones no contributivas. Finalmente, también con cantidades indeterminadas, se plantea la cofinanciación de la dependencia y los fondos para luchar contra la pobreza, y se exige al Estado la cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida.

El control de AENA y los organismos estatales

Durante los años 2026 a 2030 se propone una dotación económica de 204 millones de euros anuales para el cumplimiento de las determinaciones contenidas en el convenio entre Canarias y el Estado en materia de carreteras. En la propuesta también está otra vieja reclamación de Canarias, la participación en la gestión de ENAIRE y AENA, a través de uno de los representantes que corresponden al Estado en el Consejo de Administración de AENA.

Finalmente, se plantea el mantenimiento de los 105 millones al año para vivienda protegida y los 20 millones anuales para infraestructura turística e I+D+i. También se solicitan estadísticas específicas para el seguimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la financiación de 1.400 plazas para la Policía Canaria, además de la ampliación de plazos de convenios de carreteras: 8 años y ferrocarriles: 10 años.