Canarias y el Estado chocan por la ayuda de 400 euros para 40.000 pensionistas: el Constitucional podría suspenderla

Santa Cruz de Tenerife

Nuevo frente abierto entre Canarias y el Estado. La consejera de Bienestar Social del gobierno autonómico reveló hace unos días que había recibido una carta del Gobierno de España anunciando la posible inconstitucionalidad del complemento de 400 euros que se pretende pagar a los perceptores de una pensión no contributiva (PNC) en las islas en 2026. Esta 'ayuda extra', que en realidad se dividiría en dos pagos, ya está contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y beneficiaría a unas 42.000 personas. Candelaria Delgado acusa al ejecutivo central de querer "bloquear este complemento para los más vulnerables".

La ayuda se articula a través de la Renta Canaria de Ciudadanía debido a la "lentitud" del Estado en cumplir el mandato del Congreso de los Diputados y modificar la Ley de Seguridad Social, explica el gobierno regional. Ya en abril de 2024, la Cámara baja aprobó, a instancias de Coalición Canaria, una moción para la compatibilidad de la renta básica de las comunidades autónomas y las pensiones no contributivas. Y es que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y, de superarse, los beneficiarios pueden acabar perdiendo la prestación, ha añadido la Consejería. La modificación legislativa permanece ahora estancada en las Cortes Generales.

42.000 pensiones no contributivas en Canarias

En octubre, según los últimos datos disponibles el Ministerio de Derechos Sociales, había en las islas 41.759 personas con una pensión no contributiva. Por incapacidad, el importe medio mensual es de 604 euros. Por jubilación de 558. Es decir, ambas muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Delgado ha elevado en la actualidad a más de 43.000 los beneficiarios en las islas de una PNC. ¿Puede frustrarse en el Tribunal Constitucional el complemento de 400 euros?

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, ha aclarado en la SER que un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del estado "puede tener recorrido" debido al conflicto competencial que se presenta. "Las pensiones no contributivas las paga y regula el Estado. Esa normativa no puede verse invalidad o vulnerada por las posibles ayudas que puedan dictar las comunidades".

No obstante, el experto considera que, en el fondo, tiene la razón la administración canaria porque "la legislación estatal (la Ley de Seguridad Social) debería estar ya modificada". En cuanto a las formas, considera que es el Estado quien tiene las de ganar porque esa reforma de la norma no se ha llevado a cabo: "Es complejo, pero puede tener algún recorrido esa impugnación del Estado".

¿Puede suspenderse la ayuda hasta resolver el conflicto?

Sí. Pérez Sánchez señala que el Gobierno de España podría impugnar este complemento ante el Tribunal Constitucional por la vía del artículo 161.2 de la Carta Magna. "La suspensión sería automática, esta vía no es un criterio interpretativo, sino una orden vinculante. Se tiene que suspender sí o sí". Después, el alto tribunal tendría que analizar el fondo de la cuestión y decidir quién tiene la razón en el conflicto.

El profesor añade, sin embargo, que "lo normal" es que las partes negocien para alcanzar un acuerdo en una comisión bilateral antes de llegar al Tribunal Constitucional: "Veremos si hay entendimiento".

Ya hubo una paga única para las pensiones no contributivas

La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas lleva años reclamando un complemento mensual y fijo, no excepcional, a estas prestaciones no contributivas. De hecho, durante la pasada legislatura y por la pandemia, el Gobierno regional ya abonó una "paga extra" única de 250 euros a los perceptores de las PNC y de la Prestación Canaria de Inserción durante varios ejercicios. Este precedente es "relevante" según Pérez Sánchez "en tanto en cuanto hay un antecedente en el que el Estado consideró que era compatible la ayuda. Podría ser vinculante esa postura que el Gobierno de España adoptó anteriormente".