Margarita, la mujer desahuciada de su barco, denuncia que quieren llevar su casa al desguace y cobrarle por ello

Las Palmas de Gran Canaria

Margarita tiene 71 años, está jubilada y su vivienda era un barco. Es la única forma que encontró para poder vivir sola y pagar un techo con su pensión. Desde hace cinco años, su embarcación ha sido su hogar, el lugar que fue adaptando poco a poco para poder vivir con dignidad, con un gasto de más de “15.000 euros me habré gastado en ir convirtiéndolo en mi casa”. Ahora denuncia que le han retirado del atraque en el que permanecía desde 2018 y que podría acabar en el desguace, dejándola literalmente en la calle. “Mi vivienda es el barco. Lo único que pido es que me lo devuelvan”, asegura.

Se trata de una embarcación de nueve metros de eslora y cuatro de manga, con suministro de luz y agua, seguro en vigor y, según defiende, en perfectas condiciones de flotabilidad y navegación. Pese a ello, dice, ahora “me comunican que podría ser desguazado y que los gastos de esa operación, unos 4.500 euros, me lo cargarían a mí, más 600 por las dos zodiacs que remolcaron mi casa", una deuda que rechaza de plano porque “nunca he dado mi consentimiento para que se llevaran su vivienda”.

Margarita niega que exista un embargo justificado sobre el barco y pide explicaciones sobre los motivos reales de la retirada. Uno de los argumentos que se le han trasladado es el supuesto vencimiento del atraque, algo que ella desmiente. Sostiene que el atraque era fijo, concedido en 2018, y que así consta en la documentación firmada y en los papeles del traspaso del anterior propietario. Además, asegura que “nunca recibí ningún aviso previo de caducidad y en el mismo pantalán hay embarcaciones que llevan atracadas más de veinte años en el mismo punto”.

La alternativa de buscar una vivienda en tierra, por ahora, no existe para ella. Margarita explica que las habitaciones se alquilan por entre 400 y 450 euros, en muchos casos sin contrato, y que los estudios más pequeños superan los 800 euros mensuales. El Ayuntamiento le ha ofrecido siete días más en una pensión de la capital y, que si encuentra un alquiler con contrato de menos de 650 euros, podría acceder a una ayuda, además de 30 euros diarios en alimentación. Como pensionista, que cobra 600 euros, cuenta que muchos propietarios le niegan el alquiler porque consideran que no tiene ingresos suficientes “para vivir”, aunque sí para pagar la renta. Compartir piso tampoco es una opción que contemple, ya que “hoy te alquilan y mañana te dejan en la calle”, dice.

Por eso insiste en que no pide ayudas económicas ni soluciones excepcionales. Solo reclama tiempo y una salida provisional, para tener “un atraque de paso que me permita seguir viviendo en su barco mientras busco una alternativa estable”. Lo que no quiere es “que permitan que se lleven mi casa al desguace. Solo pido un margen para poder buscar otro atraque”, resume. Su historia vuelve a poner el foco en el problema del acceso a la vivienda y en las situaciones límite que viven muchas personas mayores con ingresos limitados, para quienes una casa flotante no es un lujo, sino la última oportunidad de no quedarse en la calle.