El campo palmero rechaza la intromisión de organizaciones regionales ausentes durante la reconstrucción

Santa Cruz de La Palma

Un grupo de organizaciones agrarias de ámbito regional han solicitado una reunión junto al consejero de Agricultura, Narvay Quintero, para "abordar la situación actual de las ayudas destinadas al sector agrario de la isla de La Palma, derivadas de los graves daños ocasionados por la erupción del volcán de La Palma". En el documento de solicitud, las organizaciones ASAGA, COAG, UPA y PALCA dicen haber "tenido conocimiento de criterios y procedimientos en la tramitación y concesión de estas ayudas que generan una profunda preocupación en el sector, al entender que se estarían incumpliendo compromsos previamente adquiridos con las personas productors afectadas, así como las condiciones inicialmente establecidas para ser beneficiarios de las mismas", explican.

Las medidas adoptadas con el acuerdo de ASEPALMA

La elaboración del decreto agrario para los afectados por el volcán de La Palma se ha llevado a cabo conjuntamente con ASEPALMA, entidad que engloba a numerosos afectados por la erupción. La petición de reunión por parte de las organizaciones regionales ha causado cierto estupor entre los agricultores palmeros, que no han visto a casi ninguna de estas organizaciones sentadas durante el proceso. Tras meses de negociaciones, los agricultores ya han cobrado el 44,06€ por metro cuadrado, según los datos aportados por el Gobierno de Canarias. El objetivo ahora es completar el esquema de ayudas mediente una PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Común) específica para la isla de La Palma destinado a las zonas donde la recuperación sea más costosa.

Históricos: una de las claves de la discrepancia

Uno de los puntos más sensibles para el sector ha sido el de los históricos de producción de plátanos, un elemento clave para recibir las ayudas europeas y asegurar la continuidad de los ingresos. Aunque durante los últimos años no se ha permitido la venta de los históricos para evitar la especulación, esa vía se abre ahora de nuevo. Para unos, este es un modo de que los agricultores puedan vender sus fincas traspasando también el histórico al comprador.

Para otros, esta vía puede favorecer la especulación y la concentración de la propiedad en pocas manos dentro de la propia isla. La teoría es que los agricultores más pequeños ya tienen el dinero en la mano, por lo tanto, no se verán abocados a vender. Otro punto fundamental de los históricos es que quedan blindandos dentro de la propia isla. De este modo, el acuerdo con ASEPALMA busca evitar que la producción se traslade a otras islas o territorios.

El objetivo del acuerdo alcanzado es que quien no desee continuar en el sector pueda vender en condiciones justas, quien quiera cultivar pueda comprar y recuperar superficie con pleno respaldo legal y al mismo tiempo, que los históricos sigan siempre ligados a La Palma. Este planteamiento, fruto de meses de negociación, pretende ser un modelo orientado a la justicia y a la reactivación económica, aunque no todos lo ven de igual manera.

ASAGA prefiere no hablar y COAG no sabe explicar para qué piden la reunión

La organización regional ASAGA prefiere no pronunciarse al respecto del debate, declinando la invitación de la Cadena SER. Por otro lado, COAG, que apenas tiene presencia entre los agricultores damnificados en la isla, muestra preocupación por supuestos “compromisos incumplidos”, pero no detalla cuestiones concretas. “Hemos pedido una reunión para que nos informen desde una visión global… y hasta ahí hemos llegado, nada más", ha dicho Miguel López, portavoz de COAG canarias. Muy lejos de la beligerancia de su comunicado, el portavoz llega a decir en antena: “Si la administración nos dice que está todo ok, pues está todo ok. Ahí no hay nada que objetar".

Cuando se les pregunta cuántos afectados por el volcán están representados por COAG, López responde: “Bueno… tendremos que coger nuestro listado de afiliados de La Palma. Nosotros tenemos una responsabilidad de ámbito regional… hay cosas que pueden afectar a una parte del territorio", añade, mostrando una preocupación clara por que los asuntos relacionados con la recuperación que podría tener este acuerdo en el resto de islas de Canarias.

ASEPALMA pone el foco en una de las acusaciones más repetidas por las organizaciones regionales: la supuesta “afección al POSEI”. Explican que, incluso en el escenario más extremo en el que hubiera que devolver esa ayuda, el impacto sobre el resto de productores del archipiélago sería insignificante, un céntimo por agricultor, mientras que para los palmeros supondría una carga desorbitada que discutirán jurídicamente llegado el caso. “Si devolviéramos el POSEI, para el resto de Canarias sería un céntimo; para nosotros, 80.000 euros por hectárea. Es un disparate y un sinsentido", zanja su portavoz.