El contenido del 'decreto canario' con el que Canarias quiere hacerse respetar en Madrid

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha concluido el 'decreto canario' que va a determinar las relaciones del Archipiélago con el Estado durante el resto de la legislatura. El documento aterriza, con cuantías económicas cerradas, ambitos como la gratuidad del transporte terrestre, la formación profesional, la dependencia, los sobrecostes energéticos o el ciclo del agua pasan de previsiones genéricas a compromisos económicos concretos. Es un documento de máximos que intenta trasladar al Estado la financiación estructural de Canarias. La oposición ya se ha desmarcado, alegando que es un "paripé" político de Fernando Clavijo. Hoy se presentará a los grupos y el próximo lunes se aprobará en Consejo de Gobierno.

Importantes medidas para mejorar la situación social de Canarias

El documento incluye medidas de apoyo a colectivos vulnerables. En 2026 las retribuciones del personal del sector público en Canarias podrán tener un incremento adicional del 2% para categorías cuya retribución anual total sea inferior al 150% del SMI. Se plantea la creación un sistema de cooperación para que la Administración de Canarias pueda tramitar solicitudes y reconocer derechos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), donde Canarias determinará cómo participarán cabildos y ayuntamientos en la gestión de expedientes.

El complemento autonómico de renta para elevar el nivel de vida de beneficiarios de pensiones no contributivas se declara compatible con la pensión. En el primer trimestre de 2026 el Estado aportaría 30 millones de euros para lucha contra la pobreza, con garantía anual posterior si el umbral de pobreza en Canarias supera la media estatal. Además, desde el primer trimestre de 2026 y con carácter permanente, el Estado aportaría 120 millones para cofinanciar la dependencia.

El decreto plantea que el Estado cederá suelo público para vivienda protegida Además, las empresas canarias que pacten medidas de productividad asociadas a mejoras retributivas superiores a convenios sectoriales, obtendrían una bonificación del 50% en la cuota patronal por contingencias comunes sobre el incremento pactado, con posibilidad de extendido a 2027 vía convenio con Canarias.

En cuanto al Plan de Empleo, SEPE aportaría 45 millones de euros en 2026 para medidas de incremento del empleo y 42 millones en 2026 para dotar y mejorar infraestructuras educativas de Formación Profesional (FP), ambas como subvenciones nominativas con posibilidad de extensión a 2027 y convenio para concretar medidas y periodos. Además, incluye una aportación del de 42 millones para financiar el 50% del Plan cuatrienal de empleo juvenil para menores de 35 años.

Una conexión aérea obligatoria entre La Palma y el Hierro

En el borrador del decreto canario se declara de interés general la ruta aérea directa y regular entre El Hierro y La Palma, sujeta a obligaciones de servicio público. Se mantiene para los periodos 2026, 2027 y 2028 la deducción del 60% en el IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma, incluyendo a las islas de La Gomera y El Hierro en la propuesta.

Además de la financiación de un Plan de Empleo especial para La Palma, se aportarían 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Se establece una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para actividades realizadas en El Hierro, La Gomera y La Palma, aplicable a contratos indefinidos y de sustitución por incapacidad temporal, igual a la de Ceuta y Melilla.

Finalmente, sobre La Palma también, el Estado aportaría 100 millones de euros para compensar el adelanto realizado por Canarias (RDL 13/2025); y entre 2026–2028 se exonera al Cabildo de La Palma y a los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte de las reglas fiscales (permitiendo endeudamiento adicional y uso libre del remanente), con mecanismos reforzados de transparencia y control.

Infraestructuras, trasportes y aeropuertos: elementos clave

En la propuesta de Canarias se mantienen en 2026 y 2027 las aportaciones para bonificar cuotas empresariales de tripulantes hasta un importe total de 60 millones de euros. Se mantendría en 2026–2027 el descuento del 100% en abonos y multiviaje del transporte público terrestre en Canarias, garantizando la financiación total estimada de 160 millones año y, además, 47,5 como subvención nominativa para cubrir el déficit del sistema.

También se plantea que Estado aporte 40 millones al año para compensar el sobrecoste sanitario derivado de la insularidad y la condición de Región Ultraperiférica, garantizando recursos específicos para el sistema sanitario canario. Se piden cincuenta millones extraordinarios para compensar el coste de los precios del agua desalada, regenerada o reutilizada en Canarias.

Finalmente, el Estado aportaría también 20 millones de euros para la renovación de centros generadores de energía en Canarias, pudiendo destinarse también a almacenamiento y a la reubicación o desmantelamiento de plantas fósiles. Las instalaciones de almacenamiento stand‑alone (baterías) o hibridadas se eximen de evaluación ambiental.

Carreteras, vivienda y gestión de aeropuertos compartida con el Estado

En 2026–2027 se dotaría de veinte millones al año para obras de interés general en costas y el Estado traspasaría a Canarias las competencias ejecutivas y de gestión sobre el dominio público marítimo‑terrestre en el archipiélago. También se establece dotación de veinte millones de euros al año para obras hidráulicas de interés general en Canarias, reforzando la inversión en el ciclo del agua.

En cuanto a carreteras, se establece una dotación extraordinaria de doscientos cuatro millones de euros para el cumplimiento del convenio en materia de carreteras entre Canarias y el Estado. Canarias participaría en la gestión de aeropuertos de interés general; designando a un representante en ENAIRE y otro en AENA.

Se plantea crear una comisión mixta para estudiar gestión descentralizada con participación en condiciones de igualdad. En materia de vivienda, otro asunto crítico para Canarias, se aportarían ciento cinco millones de euros al año para ejecución de obras de vivienda protegida en Canarias.

Educación, otro aspecto fundamental del decreto canario

Se dotaría a Canarias con cuarenta millones de euros al año para subvencionar la formación y la contratación de personal de apoyo del tejido productivo en la implantación de la FP dual, garantizando recursos estables en el bienio. Además, se exgie dotar de 28 millones de euros al año para garantizar oferta suficiente de plazas gratuitas de 0 a 3 años en centros públicos, sosteniendo el despliegue de la gratuidad.

En cuanto a la investigación, el Estado tendría que aportar veinte millones de euros al año para un plan de fomento de I+D y transferencia al tejido productivo, en cooperación con universidades y centros canarios, especialmente en astrofísica, ciencias marino‑marítimas y biotecnología asociada a la biodiversidad.

Sector primario, policía canaria e instituciones clave para Canarias

El sector primario también adquiere un papel relevante. Se exige que el Estado cubra el 100% del tramo de ayuda de Estado adicional del POSEI autorizado por la Comisión Europea, desde 2026 y sucesivos mientras exista autorización; además, en el primer semestre de 2026 se aportarían dos millones para campañas de erradicación de plagas de cuarentena y ayudas por daños al sector agrario.

El Centro Nacional de Vulcanología, cuya creación ya estaba prevista, ahora se concreta con sede principal en La Palma y un ecosistema complementario en Tenerife. Asimismo, se mantiene sin cambios la consideración de mecenazgo prioritario del IAC hasta 2027 y se perfecciona la habilitación para que el ISTAC pueda recibir datos tributarios con fines estadísticos relativos al REF y a la ultraperiferia.

En materia de seguridad, el Estado continúa asumiendo la financiación de 1.400 plazas de la Policía Canaria, mientras que en cooperación administrativa se amplían formalmente los plazos de vigencia de los convenios -ocho años más uno de liquidación en carreteras, diez años en ferroviario- ratificando el compromiso estatal para financiar el 50% de los proyectos y obras de transporte público en Lanzarote y Fuerteventura.