¿Puede el Estado topar los precios de los billetes aéreos a Canarias? Los consumidores lo ven muy difícil salvo por situaciones de catástrofe

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto que permitirá al Estado topar los precios de los viajes, servicios o productos en una situación de emergencia para evitar alteración de "forma excepcional la oferta y demanda". Una media que toma el Ejecutivo central para frenar el alza de precios en situaciones de catástrofes como la registrada recientemente con el trágico accidente de trenes en Adamuz provocando interrepciones del servicio ferroviario lo que ha provocado que los precios de los billetes de avión se haya disparado durante esas fechas.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Tenerife, Raúl Alonso, considera muy complicada la creación de una normativa que limite los precios de los vuelos entre Canarias y la Península, similar a la iniciativa aprobada este martes por el Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas en contextos de emergencia o catástrofe.

Según explicó, las organizaciones de consumidores valoran positivamente el real decreto ley aprobado por el Gobierno estatal, ya que impide incrementos “artificiosos y oportunistas” de precios tras la declaración de una catástrofe, tomando como referencia la media de los precios de los 30 días anteriores.

Alonso subrayó que esta normativa sí sería aplicable en Canarias en caso de tragedia o catástrofe, al ser de ámbito estatal. Eso sí, matizó que el principal problema del archipiélago con los precios del transporte aéreo -a pesar de que los residentes cuentan con una bonificación del 75%- no responde a situaciones excepcionales, sino a picos de demanda en fechas señaladas, donde los precios se disparan al amparo de la ley de la oferta y la demanda.

“Desde el punto de vista ideológico, las asociaciones de consumidores defendemos que debería existir algún tipo de limitación, pero jurídicamente es muy complejo”, afirmó. Se trata de una economía de libre mercado blindada tanto por la Constitución como por la normativa europea, lo que deja a los gobiernos con poco margen de maniobra para intervenir precios.

El representante de los consumidores también puso el foco en las incongruencias del actual sistema de subvención al transporte aéreo, financiado con fondos públicos. Criticó que la ayuda sea porcentual, lo que provoca que cuanto más caro es el billete, mayor es también la subvención pública, y que además no se diferencie entre billetes básicos y clases superiores, lo que, a su juicio, “carece de toda lógica”.

Líneas de servicio público

Como única vía posible, Alonso apuntó a la declaración de líneas de servicio público, que permitiría categorizar vuelos y precios, aunque reconoció que incluso esta opción acabará previsiblemente en los tribunales por la oposición de las aerolíneas y las limitaciones legales existentes.

Finalmente, advirtió de que el decreto aprobado por el Gobierno debe superar aún el trámite parlamentario de convalidación. En caso contrario, la norma decaería y dejaría de formar parte del ordenamiento jurídico.

“Fuera de situaciones de catástrofe, veo enormemente difícil que pueda aplicarse una medida similar para el mercado ordinario de los vuelos a Canarias”, concluyó.