Sociedad

El Juzgado de Santoña ve un posible delito de prevaricación y malversación del alcalde regionalista de Ribamontán al Monte

El PRC espera que la causa se archive

Santander

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña ha emitido un auto en el que señala posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte del alcalde, Joaquín Arco (PRC), y de otros cinco ediles y da traslado a la Fiscalía y a las partes para solicitar la apertura de juicio oral. En el auto, contra el que cabe recurso, se explica que las diligencias contra los seis miembros de la Corporación municipal se abrieron por seis expedientes administrativos entre 2016 y 2018 para pagos de nóminas, contrataciones y nombramientos que contaron con reparos de la Intervención, que no fueron atendidos.

Así, se señala el pago de la nómina a la coordinadora del Centro de Comunicación del consistorio, sin que esa persona tuviera un puesto de trabajo efectivo durante tres año o la contratación de un aparejador sin seguir procedimiento administrativo de contratación de ningún tipo. También se apunta la autorización del pago de facturas presentadas por servicios jurídicos prestados al alcalde en un caso de delito de coacciones y contra la intimidad, que fueron informadas de forma negativa por la Intervención y la contratación por medio del procedimiento de contrato menor de una empresa, por una cuantía superior a la de ese procedimiento.

Finalmente, el auto detalla el nombramiento como tesorera del Ayuntamiento a la persona que ejercía el cargo de interventor, siendo cargos incompatibles, sin creación de la plaza de tesorera mediante procedimiento administrativo, y a través de un órgano incompetente, como es el alcalde, cuando debía realizar dicho nombramiento la consejería correspondiente. Y el pago al ICIO de una condena que ya había prescrito, sin haber seguido procedimiento previo de valoración o liquidación de la propia deuda que se estaba abonando.

En su escrito, el Juzgado apunta como indicio de la comisión de irregularidades administrativas susceptibles de constituir delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos que el propio alcalde "en su declaración en sede judicial reconoció haber cometido determinadas irregularidades, si bien las justificó en que, tanto dicho Ayuntamiento, como otros, habían actuado de dicha forma en el pasado, lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales y, posiblemente, delictivas". "Difícil argumento más favorable para la continuación de este procedimiento encontraremos, que el propio reconocimiento de hechos, previas las advertencias de la intervención municipal, por parte del investigado", añade el auto, con el que se continúa la tramitación de las diligencias contra Jesús García Fuente, Joaquín Arco, Lidia Ruiz Llanos, Raúl Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas y Mercedes Fernández Pérez.

RESPALDO DEL PRC AL ALCALDETras conocerse el autos, fuente del PRC han trasladado a Efe el apoyo del partido al alcalde de Ribamontán al Monte y su equipo, recordando que contra este auto cabe imponer un recurso. "Queda mucho camino por recorrer, ya que la Fiscalía puede seguir el proceso o pedir el archivo de la causa que es en lo que confía el PRC", han señalado esas fuentes.

 
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