El Gobierno de Cantabria pide expulsar de España a 18 de sus 26 menores tutelados

El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular y con apoyos puntuales de Vox, ha pedido formalmente al Estado a través de la Delegación del Gobierno “la incoación del expediente de expatriación“ de 18 de los 26 menores tutelados por esa región al encontrarse en situación vulnerable, al haber entrado solos a nuestro país.

Según las 18 resoluciones, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, se trata de un expediente que trata de poner en marcha la devolución a sus países de origen bajo el supuesto “interés superior del menor” para reagruparles con su familia sin haber comprobado en ningún momento si esa vía es posible, según fuentes conocedoras de los perfiles de los chavales. “Con ese papel que manda la comunidad, que es su tutor legal, es imposible saber si ni tan siquiera lo han intentado”, denuncia una experta jurídica en infancia migrante.

La mayoría de los niños, ocho, proceden de Marruecos; cuatro de Gambia y el resto de Argelia, Moldavia; Mali, Túnez, Costa de Marfil o Guinea Conakry, según los datos aportados por la comunidad autónoma a la Delegación del Gobierno.

“Ese documento contraviene la letra y el espíritu del artículo 35 de la ley de extranjería“, añade esta fuente jurídica que insiste en que no sólo va en contra de la legislación española en materia de protección de la infancia, sino de los convenios internacionales. De hecho, son numerosas las resoluciones judiciales que han paralizado intentos similares de otras regiones de tratar de expulsar a niños y niñas migrantes.

El último y más sonado fue el de Ceuta, donde fueron denunciadas las expulsiones “en caliente” de centenares de niños que en mayo de 2021 protagonizaron la mayor entrada terrestre que se recuerda en las fronteras españolas. Finalmente consiguieron entrar más de 1200 pero la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno, en connivencia con los ministerios de Interior y Exteriores, pusieron en marcha meses después, en agosto, las expulsiones de 55 de esos chavales.

Las medidas cautelares solicitadas por Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios consiguieron paralizar esas expulsiones y más tarde condenar a esas administraciones y al Estado español a traer de vuelta a esos menores al haber lesionado sus derechos de niños en situación vulnerable. Es más, este mes está previsto que se celebre el juicio penal previsto en Ceuta por estos hechos.

Con estas solicitudes, el gobierno de Cantabria “pone en marcha un procedimiento a sabiendas de que no se puede llevar a cabo”, afirma esta fuente especializada.

Respuesta del Gobierno de Cantabria

Desde el Gobierno de Cantabria, la directora del Instituto Cántabro de Servicio Sociales (ICASS), Carmen Arce, defiende en la SER que "en ningún modo la comunidad autónoma de Cantabria ha incoado a iniciado expedientes para proceder a la expulsión de menores extranjeros no acompañados", una competencia que corresponde al Estado.

Arce puntualiza que lo que han hecho es solicitar a la Delegación del Gobierno que averigue "cuáles son las circunstancias familias de los menores a través de las representaciones diplomáticas de los países de origen, con carácter previo a tomar la decisión de iniciar un expediente de repatriación o no".

De esta manera, el Ejecutivo justifica los oficios remitidos al Gobierno de España en los que solicita el inicio de esos expedientes de repatriación en base al "interés superior del menor".

La directora del ICASS argumenta que ese interés del menor "se satisface, bien con la reagrupación con su familia o bien mediante la permanencia en el territorio en el que se encuentra, en este caso de la comunidad autónoma de Cantabria".

Y recuerda que "es la Delegación del Gobierno la competente para llevar a cabo los trámites necesarios para averiguar cuál es el peor interés del menor".

"Es lo que hemos solicitado", asegura la responsable de los servicios sociales de la comunidad.