Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras: "Tenemos que avanzar en unas condiciones de trabajo que tienen que ver también con con poner freno a las situaciones de precariedad extrema"

Cantabria

Hoy por Hoy Cantabria dedicó una emisión monográfica a la seguridad y la salud en el trabajo con un objetivo claro: ir más allá de los titulares y comprender por qué, pese a la mejora de algunos indicadores, persisten accidentes graves, bajas de larga duración y enfermedades profesionales invisibles. A lo largo de seis entrevistas —que aquí repasamos— se dibuja un mapa con responsabilidades compartidas, reformas pendientes y ejemplos prácticos que ayudan a entender un problema estructural.

Rosa Mantecón (CCOO): el concepto de “absentismo” y la prevención que no llega

La secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, arrancó desmontando un lugar común: el uso indiscriminado del término “absentismo”. Recordó que la OIT lo define como ausencia injustificada y que, según el ICANE, solo en torno al 1% de las ausencias encajaría ahí; el resto son derechos laborales o bajas prescritas por facultativos. Subrayó, además, que la saturación del sistema sanitario alarga recuperaciones y extiende sospechas sobre trabajadores que están cumpliendo una indicación médica.

En el terreno preventivo, Mantecón puso el énfasis en un déficit “generalizado”: empresas sin evaluaciones de riesgos —obligatorias desde 1996—, falta de medidas reales y una Inspección de Trabajo infradotada.

Reclama más recursos humanos para fiscalizar el cumplimiento, y denuncia un “apagón informativo” en torno a los accidentes mortales que impide aprender de las causas. De cara a 2026, pide cumplir la norma, reforzar la inspección y atajar la precariedad (salarios, jornadas, horas extra no pagadas), porque la organización defectuosa del trabajo también enferma.

Casos clínicos con Aurelio Nieto y Carlota Alonso (CCOO) y el testimonio de Adrián: la burocracia que cronifica el daño

El segundo bloque aterrizó las cifras en historias concretas. Dos ejemplos: un albañil con alta “indebida” de la mutua que acaba, tras recursos, viendo reconocida la contingencia profesional; y una limpiadora con lesión musculoesquelética que, por demoras diagnósticas y derivaciones a Atención Primaria, vio dilatada su incapacidad.

En ambos, el hilo conductor es el mismo: procesos que se alargan, recargos emocionales y una puerta giratoria entre mutua y sistema público que retrasa la vuelta al trabajo, sin que eso pueda llamarse “absentismo”.

El caso de Adrián, monitor de gimnasio, fue especialmente elocuente: tras notar un “clac” en clase, la mutua no reconoció el accidente; el INSS tampoco, y solo un juez validó dos años después el origen laboral. Agotó los 18 meses de incapacidad temporal y pasó a una incapacidad permanente total hasta que, operado y recuperado, solicitó revisión por mejoría y recibió el alta. Su relato destila indefensión y la necesidad de pedir ayuda sindical y jurídica para no quedarse en el limbo.

César Conde (Industria, CCOO): el cuello de botella de la subcontratación y la productividad a cualquier precio

Desde la industria, el secretario general César Conde advirtió de una “tormenta perfecta”: maquinaria obsoleta y exigencias de producción crecientes conviven con plantillas recortadas por bajas y con una cadena de contratas y subcontratas donde suele degradarse la cultura preventiva. Resultado: lesiones por sobreesfuerzos, ocultación de accidentes que se derivan a “contingencia común” y picos de presión que hacen saltar los protocolos.

La solución, propone, pasa por exigir a contratas el mismo estándar preventivo de la matriz y por premiar públicamente a quien lo hace bien —no solo “dar palos” a quien incumple—.

Conde incidió en un dato que debería hacer reflexionar: muchos accidentes mortales en 2024–2025 se han producido en contratas que operaban dentro de grandes factorías. El titular señala a la gran empresa, pero la raíz está a menudo en el eslabón más débil de la cadena.

Fernando Mier (Dynasol Elastómeros): el amianto que tardó demasiado en salir a la luz

El delegado de personal Fernando Mier relató cómo, desde 2014, el comité peleó contra la presencia de amianto friable en la planta —antiguos aislamientos de vapor deteriorados— hasta lograr vigilancia de la salud específica y un plan de retirada que hoy da por “prácticamente” completado, aunque con tareas aún pendientes. Hubo sanciones, paralizaciones de trabajos y, sobre todo, años perdidos: “llegan tarde”, lamenta, cuando ya hay compañeros que no están. Su balance es claro: sin presión sindical e inspección, la inercia y el coste económico frenan decisiones que salvan vidas.

Antonio Cagigas (JC Navalips): silicosis, la enfermedad que avanza en silencio

En la fundición, explicó el delegado Antonio Cagigas, la exposición al polvo de sílice es constante: no basta con repartir mascarillas si las aspiraciones son las mismas “que hace 30 años”. Un compañero fue diagnosticado en el Centro Nacional de Silicosis (Oviedo) con una pérdida del 30% de capacidad pulmonar; desde entonces se han endurecido controles, se lavan uniformes en la empresa y se han mejorado captaciones, pero queda camino por recorrer. Cagiás pide inspecciones que vayan “al taller”, no solo a revisar papeles, y recuerda un dato inquietante: pocos se jubilan más allá de los 61 y hay demasiados entierros antes de los 80.

Su metáfora es contundente: vestir al operario “con una armadura de hierro” no soluciona si el aire sigue cargado. La prevención real exige rediseñar procesos, invertir en aspiraciones y cambiar ritmos productivos

Laura Lombilla (CCOO): las cifras que no deben anestesiar

Cerró la jornada Laura Lombilla, responsable de Salud Laboral en CCOO. Hasta octubre se registraron 11.684 accidentes de trabajo en Cantabria: 5.689 leves, 39 graves y tres mortales en lo que va de año; desde 2021, 51 fallecidos. Pero advirtió contra la “trampa” estadística: amputaciones calificadas como leves y enfermedades profesionales infradeclaradas dibujan una realidad más severa de lo que dicen los partes. El problema de fondo —señaló— es que quien califica (la mutua) es también quien paga, un conflicto de intereses que el sindicato quiere reformar.

Aunque los accidentes han bajado respecto a 2024, Umbilla rechaza cualquier autocomplacencia: en 2025 aún se ven incumplimientos “básicos” de la Ley de Prevención. Pide reforzar la Inspección de Trabajo —aliado clave— y reivindica el papel de los delegados y delegadas de prevención como motor de cada mejora concreta.

Lo que deja el especial: agenda para 2026

De la suma de testimonios emerge una agenda nítida:

• Reforzar la Inspección con medios humanos estables y presencia en planta, no solo en la documentación.
• Cumplir (y hacer cumplir) las evaluaciones de riesgos como punto de partida innegociable.
• Cortar la derivación fraudulenta de accidentes a enfermedad común y separar la función de calificar/pagar para evitar conflictos de interés.
• Homologar la cultura preventiva en la subcontratación: lo que exige la matriz debe exigirse a cada eslabón.
• Invertir en ingeniería de control (aspiraciones, mantenimiento, renovación de maquinaria) por delante del “EPI-solucionismo”.
• Transparencia sobre accidentes mortales para aprender causas y prevenir recidivas.

El especial también recordó que la conversación pública no puede quedarse en porcentajes de absentismo ni en balances trimestrales. Detrás de cada cifra hay una persona, un proceso que se atasca o una evaluación que no se hizo. Cuando la prevención funciona, los números bajan “de manera bestial”; cuando pierde frente a la productividad, el sistema entero se resiente. La elección —alertaron los invitados— no es abstracta: se toma cada día, en cada turno, en cada decisión de inversión.