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TRIBUNALES

El TSJ ratifica el acuerdo entre el Ayuntamiento de Benavente y Román Ávila sobre el Edifico Villalar

El Equipo de Gobierno tras conocerse la sentencia ha cargado contra la oposición municipal a la que han acusado de ir contra los intereses generales de la ciudad

Manuel Burón, Luciano Huergay Sandra Veleda durante la rueda de prensa de presentación de la sentencia

Benavente

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la sentencia judicial que el año 2021 amparó el acuerdo intrajudicial alcanzado entre el Ayuntamiento de Benavente y el arquitecto Román Ávila, para legalizar el polémico Edificio Villalar. Los propietarios del inmueble habían recurrido en apelación esa sentencia, por raro que resulte, instando la demolición del inmueble y una indemnización superior a 1,9 millones de euros, además de casa nueva.

Un proceder que, en sus consideraciones, la sentencia del TSJ remitiéndose a las afirmaciones del ayuntamiento sobre la indemnización millonaria que perseguían los apelantes, llega a advertir que podría incurrir en abuso de derecho o fraude de ley.

El tribunal desestima su recurso y avala la legalidad del acuerdo intrajudicial entre Ávila y el consistorio para compensar económicamente a éste a cambio de no instar, como único personado en el procedimiento inicial, la ejecución de la sentencia que sí reconoció la irregular concesión de licencia y por tanto la restauración de la legalidad con el derribo de lo mal ejecutado.

Con el inmueble a salvo de la demolición y legalizada la situación del Edificio Villalar, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha subrayado el varapalo que supone para los propietarios la sentencia, sin dejar de señalar a la concejala de Ciudadanos, Sara Casquero, como principal instigadora de la batalla vecinal contra el ayuntamiento su condición de propietaria de uno de los pisos del edificio y a la que Huerga ha acusado de defender solamente intereses particulares frente al interés general de la ciudad.

Un mazazo político para la oposición, según estima el equipo de Gobienro en el que cual el teniente de alcalde de IU, Manuel Burón también afeó ayer la deslealtad de la oposición por no defender los intereses municipales. Actitud que sí reconocen a Román Ávila.

Contra la sentencia del TSJ cabe recurso de casación pero duda el Equipo de Gobierno que la comunidad de propietarios continúe con el litigio después de este fallo. Sí que tendrá que resolver el ayuntamiento benaventano el expediente de responsabilidad patrimonial instado por los propietarios del inmueble.

 
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