El Supremo decide si Victorino Alonso ingresa o no en prisión por la explotación del cielo abierto Nueva Julia
La resolución la adoptan los 5 Magistrados del Supremo y se hará pública una vez se firme la sentencia
Agencia EFE
Ponferrada
El Tribunal Supremo resolverá este martes el recurso de casación presentado por Victorino Alonso contra la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia provincial de León hace dos años que le declaraba culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por las irregularidades cometidas en la explotación del cielo abierto de Nueva Julia. Los cinco magistrados del Supremo tienen en su mano si se hace definitivamente firme o no la condena impuesta de cuatro años de prisión y 24 millones de indemnización en concepto de responsabilidad civil por los daños cometidos en la mina a cielo abierto ubicada entre Laciana y Babia y en la que se adentraron en zonas de hábitat de recuperación del urogallo y del oso pardo.
Los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico, sociedad que está a punto de cerrar la liquidación, también han acudido al Supremo para evitar el pago de la elevada cifra económica que se deriva de su responsabilidad civil subsidiaria.
Hace 13 años que la Junta de Castilla y León decretó la paralización cautelar de esta explotación de carbón que afectó a 406 hectáreas, el 20 por ciento de ellas ubicadas en Laciana y el resto en Cabrillanes. Pero la infracción de las normas comunitarias en materia de medio ambiente se producía un año antes, en 2011 con una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE en la que se condena a España por los cielos abiertos en Laciana y Babia.
A estas alturas el espacio degradado ha desaparecido, una inversión de 25 millones de euros inyectados por el gobierno de España ha hecho desaparecer su pasado minero, pero todavía colea la responsabilidad penal y civil de esta causa que emprendieron contra el macroempresario minero el Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León.
A sus 70 años, Alonso sabrá si debe entrar o no en prisión o bien al concluir la reunión o bien una vez que se concluya la redacción de la sentencia que se derive de la votación de los magistrados, un trámite que suele tardar una semana aproximadamente.
