Sin VPO no hay política de vivienda

Aranda de Duero

La Vivienda de Protección Oficial en España es, hoy, el mejor termómetro de nuestras contradicciones en política pública. Los datos son elocuentes: a comienzos de los años 80 se construían en torno a 100.000 VPO al año. Hoy apenas alcanzamos las 10.000. Desde 2012, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la producción de vivienda protegida cayó cerca de un 80% y, casi 15 años después, no se ha recuperado.

El gráfico del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda muestra con claridad la secuencia: durante décadas, la vivienda libre y la protegida crecieron de forma acompasada, con picos extraordinarios en los años del boom. Pero cuando el ciclo se dio la vuelta, la VPO no actuó como red de seguridad. Se desplomó. Y lo más preocupante: no volvió.

Esto revela un fallo estructural. La vivienda protegida en España ha sido procíclica, es decir, crece cuando el mercado ya crece y desaparece cuando más se necesita. Justo lo contrario de lo que debería ser una política pública eficaz. En países con sistemas maduros de vivienda social, la promoción protegida funciona de forma estable y contracíclica: amortigua crisis, sostiene empleo, garantiza oferta asequible y estabiliza precios.

Hoy hablamos mucho de acceso a la vivienda, de tensiones en el alquiler y de emancipación imposible para los jóvenes. Pero sin oferta estructural suficiente, cualquier medida coyuntural será limitada. 10.000 viviendas protegidas al año en un país de 48 millones de habitantes es, sencillamente irrelevante.

La solución no pasa solo por más presupuesto. Pasa por planificación plurianual, colaboración público-privada profesionalizada, suelo finalista disponible y, sobre todo, por estándares técnicos repetibles y control riguroso de calidad y costes. La vivienda protegida no puede ser un experimento político en cada legislatura. Debe ser una política de Estado con volumen estable.

Si en 1980 éramos capaces de producir 100.000 VPO al año, la cuestión no es si sabemos hacerlo. La cuestión es si España quiere volver a tomárselo en serio. Porque sin oferta sostenida, el debate sobre la vivienda seguirá siendo retórico. Y el problema, estructural.