Exigen 30.000 euros a la Diputación de Zamora por un posible caso de acoso laboral

Zamora

Una funcionaria de la Diputación de Zamora reclama 30.000 euros por un posible casi de acoso laboral por parte del Diputado de Personal, Ramiro Silva, y el jefe de personal de la Diputación. La trabajadora habría sido aislada durante 14 meses en un despacho individual, donde permaneció casi sin actividad con el objetivo de que aceptase su traslado hacia el área de Informática. Esta mañana se ha celebrado el juicio en el juzgado Instancia nº2.

Allí ha declarado como testigo el propio Diputado de Personal, Ramiro Silva, y el jefe de Personal de la Diputación, este último denunciado por acoso laboral hasta en dos ocasiones por la funcionaria, también dentro del régimen interno de la Institución que Gobierna el PP, aunque el proceso habría sido archivado por falta de motivación, según fuentes de la Diputación consultadas por la Cadena SER. Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando la denunciante, tras más de 15 años en el servicio de nóminas es desplazada a un despacho fuera del área de Personal y comienza un proceso de acoso, primero encargándole tareas que se separaban de su actividad habitual en sus muchos años de funcionaria en la Diputación y, finalmente, no encargándole trabajo alguno en toda su jornada laboral.

Extremo que rechaza la Diputación y su diputado de Personal, Ramiro Silva, que ha explicado que el cambio del puesto de trabajo de la funcionaria responde a la necesidad de "trasladar funcionarios al área de Informática", donde las tareas administrativas "venían asumiéndolas los propios informáticos". Silva se mostró elusivo en sus respuestas, argumentando que no puede conocer las circunstancias de los 400 funcionarios que tiene a su cargo y justificó que todas las decisiones venían avaladas tanto por el jefe de personal como por él.

La acusación, por su parte, considera que Silva ha sido uno de los responsables del ostracismo en el que se vio sumida la funcionaria, provocándole un estado mental que derivó en una baja desde principios de 2025 hasta el año 2026. El abogado de la funcionara, Javier Díaz, asegura que el propio Silva llego a amenzar a la trabajadora con trasladarla personalmente servicio cuando esta se negó a aceptar los cambios: "¿Quiéres ver cómo te saco yo de aquí?", sería lo que le habría dicho el diputado del PP a la funcionaria, según sostiene la denunciante.

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Más de seis meses sin hacer nada

El jefe de Personal de la Diputación reconoció que durante más de 6 meses, entre mayo de 2024 y enero de 2025, a la funcionaria no se le encargó trabajo alguno dada su renuencia a realizar cualquier tarea que se le atribuyese. El responsable del servicio, que afirmó haber sido denunciado en dos ocasiones por la administrativa, acusa a la trabajadora de "acudir directamente al presidente de la Diputación", Javier Faúndez, para protestar por sus nuevas tareas en el área de Informática, llegando, según el jefe de Personal, a filtrar "datos personales de las nóminas de funcionarios de la institución".

Los peritos de las partes han mostrado visiones opuestas, como era de esperar, asegurando el de la acusación que la funcionaria, de unos 60 años, no estaba lista para reincorporarse a su actual puesto, como ya ha hecho; mientras que el forense contratado por la Diputación ha asegurado que lo había violencia que motive un posible caso de acoso y ha afirmado que la trabajadora no es que no tuviera trabajo que hacer, sino que argumentaba que le era imposible ejecutarlo. En el juicio el propio jefe de Personal reconoció que la administrativa estuvo más de medio año sin recibir un solo encargo por parte de la Diputación, motivo que habría llevado a un "estado mental de desesperación" a la trabajadora, según Javier Díaz, abogado de la acusación.