El calvario de una familia del Baix Llobregat para recuperar su casa

Barcelona

Una familia de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona) hace más de tres años que intenta liberar una casa que alquiló a un hombre, que al cabo de tres meses dejó de pagar. Explican que ha estado realquilando la vivienda y que los ha extorsionado para quedarse la casa.

Una sentencia judicial obliga a este inquilino a devolver las llaves del inmueble el miércoles a las 11 del mediodía. Sin embargo, la familia relata que los ha amenazado con meter en la vivienda a una persona vulnerable, para complicar el proceso de desalojo. De hecho, durante los últimos días, los Mossos d'Esquadra han impedido que una mujer embarazada entrara al inmueble, situado en una urbanización de las afueras de la ciudad barcelonesa. El abogado del hombre asegura que su cliente tiene la intención de cumplir la orden judicial.

La casa es de un matrimonio de edad avanzada, que la quería vender para pagarse un alquiler en otro pueblo, más cerca de sus hijos. Un hombre, que en internet se publicita como asesor financiero, les ofreció un alquiler con opción de compra y ellos lo aceptaron. El inquilino dejó de pagar a los tres meses y después empezó a alegar que había desperfectos en la casa. "No nos pagaba porque decía que le habíamos engañado", explica Úrsula, la hija de los propietarios de la casa.

Úrsula afirma también que un arquitecto técnico certificó que la casa no tenía ningún problema y añade que el objetivo del hombre era extorsionarlos porque quería quedarse con la vivienda por la mitad de precio que valía. El inquilino no ha seguido viviendo en el inmueble todos estos meses. "Una vez él entró a vivir, estuvo un año y se marchó", comenta. "Ha tenido la casa subarrendada: entraban unos, se estaban unos meses, entraban otros...", lamenta.

Los padres siguen pagando la hipoteca

Mientras tanto, sin cobrar ni un euro de la casa, los propietarios han tenido que seguir pagando la hipoteca de la vivienda de Corbera de Llobregat y, además, el alquiler del piso donde viven ahora. "No solo es el desgaste psicológico. Económicamente, es una situación precaria total", explica Úrsula. "Mis padres están pagando 1.400 euros de una hipoteca y 900 euros de un alquiler. Mi padre cobra una incapacidad y mi madre está cobrando un subsidio. Entonces, ¿de qué vivimos?", comenta.

Un juzgado de Sant Feliu les dio la razón el año pasado y fijó la fecha del desalojo para el miércoles 17 de abril. Según la familia, durante las últimas semanas, el hombre ha intentado hacer entrar a personas vulnerables a la vivienda para atrasar la ejecución de la sentencia. Desde el viernes, han organizado guardias para avisar de si alguien intentaba acceder y, en las últimas horas, la policía ha impedido que entrara una mujer embarazada.

Según Pablo de Palacio, abogado del inquilino original, ahora, en el inmueble, se ha instalado otra persona a petición de su cliente. "Mi cliente -con la máxima buena fe y con el objetivo de acatar la resolución y mañana hacer entrega de las llaves- estos últimos días se ha encargado de que haya personas en la casa, ya que en fechas anteriores ha habido ocupaciones ilegales, a las cuales él ha tenido que hacer frente personalmente", asegura. También explica que ha recomendado a su cliente que entregue las llaves a la propiedad. Mientras tanto, la familia espera con los dedos cruzados poder recuperar la casa el miércoles a las 11 de la mañana.